Brasilia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró ayer a Rolando Alexandre de Souza jefe de la Policía Federal (PF), días después de que el máximo tribunal del país bloqueó la designación en el cargo de un amigo de su familia.

El nuevo nombramiento mostró que Bolsonaro actuó rápido para poner a un hombre de confianza en el mando policial, a medida que crecen las investigaciones en su contra y su popularidad se ve erosionada en medio de las críticas por su manejo de la pandemia del Covid-19.

De Souza fue asistente de Alexandre Ramagem, a quien el mandatario escogió primero para el cargo y luego se vio obligado a dar marcha atrás, en medio de acusaciones del ex ministro de Justicia Sergio Moro de que por ser amigo de los hijos del presidente ejercería una influencia inapropiada sobre la PF.

Moro, figura popular en la lucha contra la corrupción en Brasil, testificó ante los fiscales y la policía el sábado como parte de una investigación autorizada por el Supremo Tribunal Federal (STF).

La evidencia del ex ministro incluyó grabaciones de conversaciones con el presidente, dijo a Reuters una fuente anónima.

Según el declarante, Moro aseguró a los investigadores que los generales del ejército que forman parte del gabinete de Bolsonaro, dos de ellos oficiales en servicio activo, fueron testigos de la presión que ejerció el presidente contra la Policía Federal.

El fiscal general, Augusto Aras, pidió al STF que escuche el testimonio de tres ministros por los posibles delitos cometidos por Bolsonaro ante la supuesta interferencia del mandatario en la PF.

Aparte, Aras solicitó una investigación sobre agresiones que varios periodistas sufrieron a manos de seguidores de Bolsonaro el domingo pasado durante una marcha en Brasilia en repudio a los poderes Legislativo y Judicial.

El periódico O Estado de Sao Paulo reportó que varios de sus reporteros fueron golpeados en la Plaza de los Tres Poderes, cuando el presidente neofascista volvió a arremeter contra las medidas de aislamiento para frenar el avance de la pandemia del Covid-19, que en Brasil supera 100 mil contagios y 7 mil muertos.

Reporteros de otros medios, como Folha de Sao Paulo, también denunciaron haber sufrido acoso y ataques verbales, a lo que Bolsonaro respondió que si esos hechos ocurrieron de verdad, serían de posibles infiltrados.

En cambio, el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, sostuvo que cualquier agresión contra los profesionales de la prensa es inaceptable, pues la libertad de expresión es requisito fundamental en un país democrático.

Líderes indígenas de Brasil pidieron a la Organización Mundial de la Salud la creación de un fondo de emergencia para proteger a sus comunidades de la amenaza del nuevo coronavirus.

La cantidad de indígenas en Brasil que han muerto hasta ahora por Covid-19 aumentó a 18, según la organización indígena APIB, aunque el gobierno brasileño sólo da cuenta de seis.