La Secretaría de Gobernación (SG) pidió a las autoridades federales, estatales y municipales vigilar el cumplimiento de la suspensión de actividades no esenciales, clave para frenar la propagación de la epidemia y, en su caso, sancionar administrativamente a los infractores.

Al mismo tiempo advirtió que, acorde con denuncias entregadas al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un tercio se refiere a personas con factores de riesgo que son obligadas a trabajar y 18.2 por ciento de quienes, sin realizar alguna actividad esencial, siguen asistiendo a trabajar.

Asimismo, la SG tiene conocimiento de protestas en ese sentido en 12 entidades federativas, en especial en las maquiladoras del norte del país, así como Grupo Salinas, el cual se ha negado a cerrar sus negocios con servicios no esenciales, dijo la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración en el reporte de observaciones de aspectos relacionados con garantías individuales, ante la emergencia sanitaria.

Dijo que en Ciudad Juárez 340 trabajadores, de tres maquiladoras, exigen paro técnico para evitar contagios, con la garantía de pago de ciento por ciento de salario y prestaciones.

En Chihuahua, el IMSS informó del fallecimiento de 13 trabajadoras de la maquiladora Lear Corporation. Hasta el 14 de abril, añadió, de 16 muertes en la entidad, 13 eran de trabajadoras de la maquila.

En Baja California se reportaron 60 casos confirmados de obreros de la maquila, según el corte hasta el 22 de abril.

Medidas sin abusos

La SG señaló que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben aplicar las medidas emergentes con apego irrestricto a los derechos de las personas frenando todo abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población.

Entre las medidas violatorias de derechos, la SG enumeró –además del cierre de fronteras, caminos y carreteras, toques de queda, retenes y otras restrictivas al libre tránsito– los castigos físicos y las acciones contrarias a los derechos laborales y el derecho a la salud.

La dependencia puso énfasis en que todas las personas tienen derecho a la atención médica y recordó que hay un manejo de cadáveres y registro de defunciones especial por Covid-19.