La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México afirmó que continúa vigente la recompensa de 2 millones de pesos ofrecida por información que permitiera la localización, identificación y puesta a disposición de las personas responsables de la muerte de la niña Fátima Cecilia N, quienes ya se encuentran en reclusión.

Desde el 19 de febrero que se ofreció, sigue vigente, pero hasta ahora ninguna persona ha presentado una solicitud formal ante la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales para reclamar el pago de la misma.

La institución en todo momento se ha mostrado en disposición de cumplir con su entrega a la persona que haya aportado información para la detención de Gladys Giovana N y su pareja Mario Alberto N, e iniciar el procedimiento correspondiente.

La participación de la ciudadana resultó fundamental para detener a esas personas –lo cual sucedió en el municipio de Isidro Fabela, estado de México–, así como las investigaciones realizadas por la FGJ, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Destacó también la colaboración de la FGJ y la Secretaría de Seguridad de la entidad mexiquense para lograr la aprehensión de los hoy imputados, quienes permanecen desde el 21 de febrero en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, respectivamente.

Los 2 millones de pesos que se entregarían a quien haya colaborado en la detención de estas personas, acusadas por el delito de privacion ilegal de la libertad para causar daño en contra de Fátima Cecilia N, cuyo cuerpo fue encontrado cuatro días después de su desaparición en Tláhuac, proviene de la Oficilía Mayor.

Tras varios días de búsqueda, la dependencia públicó la recompensa en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, debido a que no ha sido posible identificar, localizar y poner a disposición de la autoridad competente a las personas responsables de ese hecho.

En dicha publicación, en el segundo transitorio se establece que el Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y dejará de surtir sus efectos en el momento en que haya sido localizada, identificada y puesta a disposición la persona o personas responsables de la muerte de la menor Fátima Cecilia Aldrighett Antón, lo cual sucedió el 21 de febrero.