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Denuncian abandono

El Ejército y la policía de Guerrero son cómplices de criminales: desplazados

Ayudaron a los pistoleros a expulsarlos de sus comunidades, aseguran

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▲ Desplazados de los municipios de Zitlala y Leonardo Bravo, Guerrero, acudieron a oficinas del Sindicato de Redactores de la Prensa en Chilpancingo para denunciar colusión de autoridades con el crimen organizado.Foto Sergio Ocampo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 28 de febrero de 2020, p. 30

Chilpancingo, Gro., Personas desplazadas de comunidades ubicadas en los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y de Zitlala aseguraron que el Ejército Mexicano y la policía estatal tienen nexos con grupos de la delincuencia organizada y por esa razón no han podido regresar a sus poblados.

En conferencia de prensa en esta capital, recordaron que habitantes de los poblados El Naranjo, Los Morros, Campo de Aviación, La Laguna y Filo de Caballos, en Leonardo Bravo, se vieron obligados a abandonar sus hogares por la violencia desde noviembre de 2018, y de Tlaltempanapa, Zitlala, a partir de enero de 2019.

En nombre de los afectados, una mujer que se identificó como Marisela acusó a los gobiernos federal y estatal de dar largas al problema y anunció que este viernes ella y otras personas que debieron dejar sus lugares de origen tomarán las casetas de cobro de la Autopista del Sol México-Acapulco, pues no tenemos dinero para pagar la renta de las casas que alquilamos ni para comer.

Agregó que desde noviembre anterior, Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, suspendió sin justificación alguna los apoyos mensuales que recibían más de 100 familias desplazadas, de 4 mil pesos para alimentación y de 3 mil para renta.

Bartolo Hernández Ortiz, también desplazado de la sierra guerrerense, señaló que en noviembre de 2018 comenzó a buscar a dos de sus hijos, que se encuentran desaparecidos. Nosotros también vamos a armar a nuestros niños, como lo hicieron en Chilapa; ya estamos desesperados con el gobierno, que no hace nada, advirtió.

Manuel Olivares Hernández, del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, afirmó que existen evidencias de que durante la incursión del crimen organizado a localidades serranas en noviembre de 2018 soldados y policías estatales acompañaron a los pistoleros que hicieron salir a los pobladores.

Agregó que apenas el pasado 6 de enero llegaron a Chichihualco soldados y elementos de la Guardia Nacional diciendo que harían un censo, y empezaron a tomar fotos de los desplazados. Fue ahí donde la gente identificó a los soldados que estuvieron acompañando al grupo delincuencial que los desplazó de sus comunidades.