Tras reconocer la importancia de que Grupo México devolviera la concesión de la mina Pasta de Conchos al gobierno federal con el propósito de facilitar el rescate de los 63 cuerpos de los mineros sepultados, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con ello se evitó un litigio, pues de lo contrario se iba a iniciar un proceso jurídico, porque legalmente ellos tenían el derecho de la concesión.

A 14 años del accidente, refirió que mediante una carta, el presidente del consejo de administración de Grupo México (Germán Larrea) accedió a la solicitud que le hizo el gobierno de asumir la propiedad del terreno, porque era primordial para facilitar el rescate de cuerpos. El cambio en el estatus legal de Pasta de Conchos no anula el derecho de los familiares de promover procesos de indemnización u otra reivindicación laboral, señaló.

Se dio a conocer que en un reporte preliminar entregado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el consejo de expertos nacionales e internacionales consideró, por unanimidad, técnicamente viable la intención del gobierno de México de iniciar el proceso de rescate.

En marzo se recibirá el informe completo y con base en el mismo se iniciará la licitación con la finalidad de decidir qué empresa se hará cargo de las obras para el rescate de los cuerpos.

Durante la conferencia de prensa matutina, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, señaló que en espera del informe definitivo con estudios de geología, geofísica e hidrogeología, el análisis preliminar del Servicio Geológico Mexicano (SGM) confirmó que la cantidad de agua dentro de la mina es mucho menor de lo proyectado, por lo cual se podría extraer en un solo día, y la de gas se encuentra dentro del promedio existente en las minas de carbón, por lo que no sería un obstáculo.

En la preparación técnica para el rescate participan 14 expertos de Australia, Alemania, China y Estados Unidos –quienes tienen mayor conocimiento en minas de carbón–, así como siete mexicanos que han confirmado esa viabilidad.

Para tal efecto se revisó el expediente elaborado a partir de información de Grupo México, de la STPS y de la Secretaría de Economía, integrado por más de mil fojas, el cual fue traducido al inglés con la finalidad de ponerlo a consideración de los expertos internacionales.

En marzo, el SGM entregará el dictamen completo, que incluye las consideraciones preliminares, y se estima que en octubre comiencen las tareas de rescate.

Para realizar todos los estudios posteriores con el propósito de definir y construir la ruta era imprescindible que el gobierno federal tuviera la propiedad del terreno llamado El Olivo, donde se ubica el yacimiento. Sin embargo, de lo que se conoce hasta ahora se estima que el acceso a la mina ya no podrá plantearse en la misma zona en que se intentó hace 14 años y se tendrá que construir un nuevo inclinado en otra parte para facilitar el acceso.

La titular de la STPS reconoció que no va a ser sencillo, no es un tema de dos años, quizás estaremos hablando de unos tres años aproximadamente, a reserva de que pueda confirmarse una vez se tenga el dictamen del SGM. A partir de ahí hay que hacer toda la ingeniería de cómo sería ese inclinado con el fin de acceder.