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Familias de víctimas de la guerra sucia en Guerrero exigen justicia
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▲ Familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia en Guerrero (de 1969 a 1979) protestaron ayer frente a la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, para demandar que la Secretaría de la Defensa Nacional abra sus archivos y les proporcione información sobre el paradero de sus parientes.Foto Sergio Ocampo
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 20 de febrero de 2020, p. 25

Integrantes del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia en el municipio de Atoyac de Álvarez protestaron ayer frente a las instalaciones de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, Guerrero, para exigir justicia por la desaparición de sus familiares entre 1969 y 1979.

En el contexto de la conmemoración del Día del Ejército, unos 20 vecinos de Atoyac de Álvarez –ubicado en la Costa Grande de Guerrero– colocaron un manta en una pared de las instalaciones militares, en la que se imprimieron fotografías de sus parientes desaparecidos durante la llamada guerra sucia en el estado.

Octaviano Gervacio dijo, en nombre del colectivo, que familiares de personas ausentes originarias de Atoyac exigen al general Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que dé a conocer “los archivos secretos del Ejército Mexicano relacionados con el terrorismo de Estado durante la guerra sucia”.

Demandan que el Ejército acepte la responsabilidad institucional de su participación en esos lamentables hechos, y se les dé a conocer en una audiencia con Sandoval González qué pasó con nuestros parientes desaparecidos forzadamente, cuál fue su paradero.

De igual manera, piden que la institución castrense señale quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de los hechos, y entregarlos a la justicia.

Reclaman acción en NL

El gobierno de Nuevo León ignora la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, al no buscar a todos los que se encuentran ausentes y cuyas familias no han interpuesto denuncia, aseguró la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en la entidad.

En un comunicado, explicó que dicha ley en su capítulo sexto, sección primera, artículo 80, faculta a cualquier persona a solicitar la búsqueda de una persona desaparecida, ya sea a través de hacer una noticia, un reporte o una denuncia, pudiendo ser por medio telefónico, digital o presencial, y obliga a las instancias involucradas a recabar los datos y seguir el protocolo homologado de búsqueda.

Recordó que en su informe Misión México, la ONU (Organización de Naciones Unidas) señala que en este tipo de delitos sólo se denuncian dos de cada 10, y mencionó que durante 2020 se han reportado 17 casos de desaparición forzada cometidos en Nuevo León, 12 de ellos no denunciados por temores de sus parientes.