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Víctimas de la represión en Atenco acudirán a la Corte Penal Internacional
 
Periódico La Jornada
Martes 11 de febrero de 2020, p. 4

El Colectivo de Sobrevivientes de la Tortura en Atenco informó que presentará una denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), a cargo de Fatou Bom Bensouda, debido a la inacción y simulación judicial en México y las abrumadoras evidencias de que nunca ha existido la intención de investigar a los autores intelectuales de los delitos de lesa humanidad y violaciones graves de nuestras garantías individuales.

En conferencia de prensa a la que asistieron María Luisa López y Rodolfo Cuéllar, sobrevivientes de la represión en Texcoco y Atenco en mayo de 2006, el colectivo detalló que denunciarán ante esta instancia internacional a los ex presidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, así como al ex ministro Eduardo Medina Mora, entonces secretario de Seguridad Pública Federal.

También a Miguel Ángel Yunes, quien fungió como coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública; Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del Estado Mayor de la Policía Preventiva, entre otros.

Señaló que con el fin de motivar al fiscal de la CPI para que inicie una investigación de oficio, se entregarán diversos documentos, como una resolución de la Suprema Corte de Justicia en la investigación de violaciones graves a las garantías individuales; también una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De igual manera, se enviarán los expedientes de los sobrevivientes de la tortura en Atenco, elaborados por la CNDH, así como la información documental, bibliográfica, hemerográfica y fílmica.”

El abogado Juan de Dios Hernández explicó que no obstante que el artículo 21 de la Constitución establece la jurisdicción de la CPI, también puntualiza que para reconocerla necesita ser a petición del presidente de las República y con la aprobación del Senado.

Sin embargo, vamos a motivar al fiscal para que ejerza las funciones que el Estatuto de Roma le otorga, entre ellas realizar investigaciones de oficio cuando a su juicio exista la posibilidad de que se haya cometido un delito de lesa humanidad.

Indicó que otro requisito para llevar el caso ante la CPI es que previamente se agoten las instancias internas, lo que, dijo, ya sucedió. Ha habido una expresa manifestación por parte del Estado de que no va a investigar, y mucho menos castigar a los perpetradores intelectuales, insistió.