Los protocolos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para maltrato infantil o acoso sexual en escuelas de educación básica criminalizan al docente, lo colocan como presunto culpable hasta que se demuestre lo contrario y daña, en acusaciones falsas, la trayectoria de toda una vida, denunciaron directores y profesores frente a grupo.

En entrevista, los académicos señalaron que con sólo una queja verbal o por escrito de un padre o madre de familia, se retira al docente del grupo, incluso antes de que se inicie una investigación, la cual puede durar meses.

Asimismo, padres de familia expresaron que no es correcto señalar a alguien que no ha cometido un delito, pero por la gravedad, ante la duda, se debe investigar a fondo.

Reconocieron que existe riesgo de generar un clima tenso en la escuela. Lo hemos vivido con casos de maltrato, pero no queda más que creer en la palabra de nuestros hijos, y si el niño siente que ha sido maltratado o humillado de alguna forma, tenemos que actuar, afirmó Edith, madre de tres niños que cursan primaria.

Enrique Enríquez, director de primaria y dirigente del magisterio disidente en la Ciudad de México, destacó que los Protocolos de operación en casos de conducta de maltrato infantil y de connotación sexual”, que se deben aplicar en escuelas de prescolar, primaria y secundaria, si bien reconocen la presunción de inocencia, en los hechos dejan en un estado de indefensión administrativa, e incluso, penal, pues se separa de su actividad al docente aunque el señalamiento carezca de veracidad o no se detecte ninguna irregularidad.

En las escuelas, advirtió, se ha generado un ambiente de mucha tensión, donde los profesores tenemos que cuidar cada una de nuestras acciones, porque ya no puedes expresar tu afecto a los alumnos a través de un abrazo, o una palmada en la espalda, porque todo se puede malinterpretar, aunque te des cuenta que tu alumno necesita afecto, que le demuestren cariño, porque no sólo vemos carencias materiales, también afectivas.

Francisco Bravo, profesor y director de escuela primaria, señaló que no se trata de encubrir ningún abuso ni maltrato a niños y adolescentes, pero estos protocolos sólo han generado que los padres se convier-tan en acusadores, en vigilantes del maestro, porque ante cualquier denuncia, sin previa investigación y sin aportar elementos acusatorios, se deja al profesor en una indefensión terrible. Se genera un espacio de arbitrariedad, donde el docente es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

También, dijo, hay casos aberrantes donde se tienen todas las pruebas y no se actúa contra presuntos agresores sexuales que no deben ni pueden permanecer en las aulas. Lo que se requiere, insistió, es un mecanismo claro, transparente y objetivo que dé condiciones para investigar quejas y denuncias, pero sin que esto lesione el derecho a la presunción de inocencia.