Por mandato judicial, el Senado tiene de plazo hasta el 30 de abril, cuando concluye el periodo de sesiones que ayer inició, para dictaminar y votar cuatro reformas, entre ellas la que regulariza el consumo de la mariguana con fines lúdicos, su uso medicinal y farmacéutico, que norma el cultivo y comercialización de esa droga.

Ello, además de una agenda que incluye 12 dictámenes sobre modificaciones constitucionales y legales que quedaron en primera lectura en el pasado periodo de sesiones, como son los casos de la eliminación del arraigo y 75 minutas procedentes de la Cámara de Diputados.

En el caso de las reformas derivadas de mandatos judiciales, el Senado debe concluirlas antes del 30 de abril, ya que en la regulación de la cannabis y la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación prorrogó el plazo, que venció en octubre del año pasado.

La presidenta del Senado, Mónica Fernández, expuso que ese tema, así como el de regulación del outsourcing, la ley de amnistía, economía circular y ley de remuneraciones, se revisarán en parlamento abierto, a fin de que se escuchen todas las voces, tanto de los interesados como de especialistas.

En entrevista aparte, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que para su bancada es un tema fundamental, que ya se ha debatido bastante y están inclusive las conclusiones de los foros realizados en esa cámara.

Lo central, resaltó, es no criminalizar a los que la consumen, que son enfermos, y que se les puede rehabilitar, y tomar en cuenta los posible efectos, ya que hay estudios que hablan muy claro que el consumo de la mariguana antes de los 21 años puede lesionar el cerebro de manera permanente.

Osorio Chong agregó que se debe tener en claro que despenalizar el consumo de cannabis no disminuirá la violencia provocada por el narcotráfico y tampoco será negocio para los campesinos, como se plantea en el anteproyecto de dictamen elaborado por Morena, porque necesitarían tener un potencial económico que el gobierno seguramente no les va a poder dar.

Por otra parte, la senadora Fernández comentó que en el caso del outsourcing, el Senado no tiene un plazo legal para aprobar la reforma, pero existe el compromiso para que pueda transitar en este periodo. Adelantó que el parlamento abierto en torno a esa legislación se llevará a cabo el 12 de febrero y se escuchará a empresarios, trabajadores y a los demás actores involucrados.

El Senado debe además tipificar como delito todas las formas de discriminación racial, de acuerdo con un amparo concedido por el juzgado sexto de distrito en materia penal a una asociación defensora de derechos humanos.

Todo ello, aparte de los otros temas prioritarios y del desahogo de 735 iniciativas presentadas en el periodo pasado y las que se vayan acumulando.