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Encuesta oficial arroja el sí a hospital general en Contadero
 
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de diciembre de 2019, p. 36

De 14 mil 194 habitantes de Cuajimalpa que participaron en la consulta indicativa que se realizó el fin de semana pasado sobre la construcción del hospital general, 96.61 por ciento se manifestaron a favor de la obra, aseguró René Cervera García, subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental de la Secretaría de Gobierno capitalina.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que en total se instalaron las 30 mesas de votación para la realización de este ejercicio.

Consideró que si bien en la consulta participó sólo 9.2 por ciento del listado nominal de electores de Cuajimalpa, se trató de una participación que superó las expectativas.

En Contadero, donde se planea construir un hospital general, tras la destrucción del Materno-Infantil por la explosión de una pipa de gas, acudieron 608 habitantes, de los cuales 319 votaron por el sí, 279 por el no y 11 votos fueron nulos, lo que significa que más de la mitad está a favor.

Comentó que la encuesta electrónica se mantendrá abierta unos días más y hasta el momento han participado mil 81 personas, de las cuales mil 40 votaron por el sí y el resto por el no.

No obstante esas cifras, los gobiernos de la ciudad y de la alcaldía empezaron a realizar actos de intimidación contra los habitantes de Contadero que se oponen a la construcción del hospital en el poblado, denunciaron vecinos.

Ayer a mediodía personal de la alcaldía colocó sellos de suspensión de actividades a la ferretería Casa Bobadilla, un pequeño negocio de 40.62 metros que ha operado por varios años, por carecer de ruta de evacuación, letreros que marcaran el aforo, que no se discrimina a ninguna persona y el horario de servicio.

La medida, consideraron los inconformes, se aplicó tras el aplazamiento de la consulta vecinal al proyecto del nuevo hospital general de Cuajimalpa. Vinieron ya las represalias por parte de la alcaldía encabezada por Adrián Ruvalcaba.

La verificación fue ordenada por la directora general jurídica y de gobierno, Gabriela Leonor Quiroga Espinosa. Se realizó con lujo de violencia y de manera intimidatoria se colocaron los sellos de suspensión, relataron los vecinos.