La junta directiva de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados desechó la iniciativa de los coordinadores parlamentarios –a excepción del petista Reginaldo Sandoval– que pretendía beneficiar a las grandes empresas al aumentar el monto de exención del Impuesto sobre la Renta (ISR) por financiamiento crediticio.

En una reunión a puerta cerrada, el coordinador de MC, Tonatiuh Bravo; la presidenta de la comisión, Patricia Terrazas (PAN), y el perredista Antonio Ortega Martínez defendieron la iniciativa que, según explicaron diputados, no tiene el respaldo de la Secretaría de Hacienda.

Aun así, más tarde el coordinador de Morena, Mario Delgado, insistió en conversaciones con legisladores de las otras bancadas en que se impulse la reforma a la Ley del ISR; no obstante, al quedar fuera de la agenda de la comisión, el tema se revisará hasta el próximo periodo de sesiones.

La votación para decidir sobre el proyecto de dictamen que presentó Patricia Terrazas fue cerrada. De 17 integrantes de la junta directiva de la comisión, se presentaron 13 legisladores. Siete secretarios de Morena, PES y PVEM votaron en contra de admitir la iniciativa: Carol Antonio Altamirano, Agustín García Rubio, Saúl Huerta Corona, Javier Lamarque Cano, Marco Antonio Medina Pérez, Iván Pérez Negrón y Carlos Puente Salas.

En favor de la iniciativa que se presentó apenas el 5 de diciembre votaron seis: los panistas Patricia Terrazas Baca, Ricardo Flores Suarez y José Isabel Trejo; el priísta Pedro Pablo Treviño; Tonatiuh Bravo y el perredista Antonio Ortega, hermano de Jesús Ortega.

Una opinión de la bancada del PT sobre la propuesta de incrementar de 30 a 70 por ciento el tope de exención de intereses, alertó que permitir ese beneficio a los empresarios tendría implicaciones negativas en el combate a la evasión y en la búsqueda de un sistema fiscal más justo.

Actualmente, las empresas pueden deducir 30 por ciento del ISR sobre intereses y deben 70 por ciento, pero la propuesta busca invertir esa fórmula, intención que va en contra de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y merma el objetivo de la medida, que es un sistema fiscal más justo y el combate a la evasión, dijó el PT.