l rendir su primer informe de labores al frente del Poder Judicial de la Federación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea reconoció la persistencia de cotos de corrupción
dentro del aparato de administración de justicia y señaló que si éste es percibido como corrupto carecerá de la fuerza y legitimidad
para desempeñar el rol que le corresponde. En particular, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló como flagelos del poder que encabeza al nepotismo, la mediocridad y la cultura de patrimonialismo que, afirmó, se han combatido durante su encargo.
Aunque lo manifestado por el jurista Zaldívar no revela nada que no fuera sabido, o cuando menos sospechado, por amplios sectores de la ciudadanía, el reconocimiento público de algunos de los vicios del Poder Judicial por parte de su máxima autoridad resulta un hecho sin precedente en una tradición de encubrimiento, autocomplacencia y arrogancia que por décadas ha caracterizado a todos los niveles de la judicatura.
Esta sacudida al hermetismo de los juzgadores invita a plantear diversas consideraciones. En primera instancia, cabe saludar la resolución del funcionario para admitir lo que sus colegas han negado sistemáticamente, así como su expresión de voluntad para proseguir la limpieza del sistema.
En contraparte, debe apuntarse que lo avanzado hasta ahora palidece frente a la magnitud de los pendientes, pues resulta notorio que la destitución o inhabilitación de 16 funcionarios, jueces y magistrados, así como el cambio de adscripción de otros 98, no pueden ser sino el punto de partida en el saneamiento de las instituciones judiciales, las cuales comparten la descomposición que ha imperado en otros organismos del Estado.
En tales circunstancias, resulta necesario que la sociedad en su conjunto se involucre en el entendimiento de las funciones, reglas e instancias tribunalicias, no sólo para tener acceso a una justicia de mayor calidad, sino también para que pueda participar de manera efectiva en la fiscalización ciudadana de jueces y magistrados.
Cabe esperar que los poderes Ejecutivo y Legislativo colaboren con el Judicial en la necesaria tarea de limpieza y reforma que requiere, tarea esta última de obligada complejidad, pero para la cual la presente coyuntura ofrece condiciones políticas especialmente favorables.
Por otra parte, se debe recordar que uno de los más grandes pendientes, de cara a la ciudadanía, no se encuentra en el ámbito de lo penal o de lo sancionable por vías administrativas, sino en la moralidad del ejercicio de un puesto público: las exorbitantes percepciones que sus altos funcionarios se han otorgado y cuya reducción a niveles decorosos forma parte de una añeja demanda ciudadana que atañe al conjunto de los servidores del Estado.
Para que los impartidores de justicia sean objeto del aprecio social deben mostrar sensibilidad ante esa demanda. Cabe desear, en suma, que el informe rendido ayer represente un punto de inflexión hacia la construcción de un Poder Judicial próximo a la población, prestigiado, transparente y plenamente apegado a los marcos legales de los que debe ser garante.
