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Liberan a 5, por falta de pruebas en crimen de reportero
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▲ De izquierda a derecha, los periodistas Juan Jesús Zúñiga y Luis Ignacio Valtierra, y los zacatecanos David Mejía Bravo y Adrián Montes, posan junto al empresario Rodolfo García Cantú, al salir ayer de la prisión de Nuevo Laredo, Tamaulipas.Foto Carlos Figueroa
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 27 de octubre de 2019, p. 24

Nuevo Laredo, Tamps., Por falta de pruebas, cincos de seis detenidos por el asesinato del periodista independiente Carlos Domínguez, cometido el 13 de enero de 2018, quedaron en libertad este sábado. El sexto implicado falleció en prisión en abril pasado. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no pudo demostrar la culpabilidad de los acusados.

La defensa de los cinco presentó evidencias en su favor, así como la denuncia de uno de ellos, quien afirmó que se fabricó una trama política para inculpar a los seis detenidos – tres de ellos reporteros-- como autores materiales del asesinato del comunicador y cobrar recompensa de 2 millones de pesos.

Los periodistas Luis Ignacio Valtierra y Juan Jesús Zúñiga; y David Mejía Bravo y Adrián Montes, ambos zacatecanos y ex policías federales, así como el empresario Rodolfo García Cantú recibieron del Tribunal de Enjuiciamiento el fallo a su favor, luego de una audiencia que duró 20 minutos.

Los inculpados por el crimen, entre ellos Gabriel Garza Flores, quien falleció en abril de 2019 cuando era trasladado al Hospital General, fueron acusados injustamente por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas que recurrió a la fabricación de culpables, informó Gabriel Regino, abogado defensor de Rodolfo García Cantú.

Los abogados defensores explicaron que durante más de 27 audiencias la fiscalía no pudo acreditar la relación de los acusados con el homicidio del columnista Carlos Domínguez

Las cinco personas salieron a las 15:25 horas de este sábado del Centro de Ejecución de sanciones, donde eran esperados por sus familiares, después de que permanecieran un año y siete meses privados de su libertad. Un mes después del asesinato del comunicador, la entonces Procuraduría General de Justicia del estado ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quien aportara datos para el esclarecimiento del homicidio; uno de los acusados aceptó formar parte de la trama que inculpó a otras cinco personas.