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Reforma al Código Penal busca fincar responsabilidad a personas morales
 
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de octubre de 2019, p. 30

Para facilitar a las autoridades de procuración y administración de justicia fincar responsabilidades y sancionar a empresas por casos como el accidente en La Feria de Chapultepec, que causó la muerte a dos personas y lesiones a dos más, así como por la recurrente violación de sellos de suspensión y clausura en construcciones, la diputada de Morena Valentina Batres presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local que incorpora delitos por los que podrán ser responsables las personas morales o jurídicas.

Al enlistar delitos de naturaleza tributaria y patrimonial, que son los más comunes en la actividad económica propia de la mayoría de las personas morales, la diputada de Morena dijo que es importante no dejar fuera del catálogo los tipos penales de lesiones y homicidio, al ser la vida el bien jurídico más importante en la sociedad que debe ser protegido.

Ejemplo de estos delitos cometidos por omisión podría ser el caso de cualquier establecimiento en el que pierde la vida alguna persona como consecuencia de no llevar a cabo labores de mantenimiento; y hoy lamentablemente tenemos el ocurrido en La Feria de Chapultepec, que fue a consecuencia de la omisión de llevar a cabo el mantenimiento, señaló.

Cuando expuso la iniciativa al pleno, a la que se adhirieron más de media docena de legisladores de los partidos Morena y del Trabajo, Batres afirmó que esta reforma permitirá imponer penas directas a las empresas con independencia de las personas físicas que hayan sido responsables directas.

Explicó que en 2014 el Código Nacional de Procedimientos Penales incorporó un régimen específico de responsabilidad penal de las personas morales, que por primera vez abrió la posibilidad de enjuiciarlas penalmente cuando cometan un delito o participen en su comisión, y si bien la Ciudad de México fue la primera entidad que armonizó su legislación a la norma federal, no lo hizo tras la reforma penal de 2017 que obligaba a los congresos estatales a incorporar en su legislación un catálogo específico de delitos , a fin de cumplir con la máxima del derecho penal de exacta aplicación de la ley.

Además de homicidio y lesiones, que no están previstos en el catálogo federal, la legisladora destacó la incorporación de quebrantamiento de sellos, al advertir que la violación de suspensiones y clausuras representa una de las conductas delictivas con mayor recurrencia en años recientes, asociada a la actividad del sector inmobiliario, y agregó también los delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la fauna.

El catálogo señala 24 diferentes conductas, otras son defraudación fiscal, cohecho, despojo, trata de personas, corrupción de menores, discriminación, abuso de confianza, fraude, cobranza ilegítima, administración fraudulenta, extorsión y robo.