l recuerdo de que cinco años atrás fueron desaparecidos 43 jóvenes en Iguala, Guerrero, fue procesado política y socialmente por el gobierno federal en términos relativamente parecidos a los de otras ocasiones: la administración en turno, la obradorista, sostuvo la expectativa de un mejor trato y mejores aspiraciones pero, a fin de cuentas, los resultados son similares: muchas promesas, algunas expectativas y una tajante insuficiencia pues, salvo el buen talante de la cúpula obradorista para atender a los familiares de los desaparecidos y algunas novedades administrativas (entre las cuales se encuentra la oferta de una recompensa a quien ayude a dar con la ubicación de los restos o de los estudiantes en sí), la efeméride quedó en lo que alguno de los familiares de los 43 expresó: buenas intenciones.

Sería el colmo que el gobierno aspiracionalmente transformador (llamado la 4T) se quedara en terrenos virtualmente propicios para la continuidad de la impunidad y de los pactos no escritos de protección entre élites. Amistad que no se refleja en la nómina es pura demagogia, decían los cínicos del priísmo clásico. Declaraciones y buenos sentimientos que no se reflejan en acciones concretas son pura demagogia, podría parafrasearse con actualización al presente. ¿Qué hay de fondo, concreto, medible y comprobable, de avance en el tema de los 43? ¿Solamente declaraciones, actitudes, solidaridad, fotografías, declaraciones, recompensas?

Para fechas posteriores se está convocando a diligencias judiciales a diversos funcionarios de importante nivel del peñismo, comenzando con el fabulador profesional, el gran mentiroso, Jesús Murillo Karam, auténtico sociópata que a semejanza de Rosario Robles (histórica adversaria política del obradorismo) se dice dispuesto a rendir las declaraciones que sea necesario, disponible para lo que gusten, buen conversador mendaz.

Los procesos judiciales referidos a Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y otros personajes similares, si es que se llegan a instaurar, se pueden llevar meses o años. Podrían ser encarcelados de inmediato, es cierto. Pero la llamada Cuarta Transformación está (¿intencionalmente?) entrampada en los detalles jurídicos y en una continuidad procesal propia del tortuguismo. Profundamente respetuosa de una legalidad que es usada en su contra por los factores de poder del pasado reciente y que no se compadece de la urgencia social de dar muestras de algo parecido a la justicia.

El gobierno obradorista está necesitado de mantener el apoyo de las fuerzas armadas y sus generales pues, en un impensado giro, ha producido un extraño empoderamiento del Ejército y la Marina. Es probable que la supervivencia y durabilidad del imperio moreno dependa del puntal verde olivo. Por tanto, expedientes como el de Iguala no pueden romper o mermar la alianza de Palacio Nacional con las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina. Sí pueden darse gestos menores o extemporáneos pero, hasta la hora de teclear la presente columna, nada sustancial ni trascendente. Cinco años. 43 desaparecidos. Estado y gobierno rebasados, de uno o de otro signo.

En un tema conexo, Abraham Nuncio, literato, profesor y analista político, gran conocedor de la política y la sociedad de Nuevo León, ha publicado en La Jornada un texto denominado Valientes, referido al ataque guerrillero contra el empresario Garza Sada en 1973: También se pretende oscurecer ciertas cuestiones que es imprescindible poner en claro. ¿Los líderes empresariales y sus organizaciones dijeron algo para que fuera respetado el estado de derecho en esos y otros casos violatorios de los derechos constitucionales y humanos? No que se sepa. La responsabilidad histórica recae en ellos como la parte privada del Estado violador de tales derechos. Celebran a los héroes que lucharon con las armas en la mano por intentar darnos independencia y libertad. Pero actúan como entonces lo hizo el Consulado de los Comerciantes de México: echando mano del anatema para descalificar a quienes no sirven a sus intereses. ¡Hasta el próximo lunes!

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