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Estudiantes exigen en Iguala los videos del 26 de septiembre de 2014
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 24 de septiembre de 2019, p. 5

Iguala, Gro., Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México lanzaron bombas molotov, petardos y piedras contra la fachada del Palacio de Justicia de Iguala, donde exigieron que se presenten los videos –que serían evidencias contundentes– para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa registrada en esta ciudad el 26 de septiembre de 2014.

Padres de los normalistas y representantes de la federación hicieron un mitin en el que dijeron que el Ejército y las policías federal y municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula se niegan a entregar evidencias de la desaparición.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres, recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que “los jóvenes fueron llevados a Huitzuco para que El Patrón (líder de una organización criminal cuya identidad se desconoce), decidiera su destino”.

Aseguró que la titular del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, hizo desaparecer los videos de esos hechos y hoy, a cinco años de la desaparición de los estudiantes, venimos a demandar que se entreguen para llegar a la verdad.

Agregó que ya se solicitó la comparecencia de la funcionaria al igual que de los demás funcionarios de los poderes Judicial y Ejecutivo porque forman parte del teatro llamado verdad histórica que planteó el gobierno federal anterior, la cual asegura que los 43 normalistas fueron entregados a un grupo criminal que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.

Indicó que las familias exigen que se entreguen las grabaciones en video que por ahí los tienen escondidos, tiene que haber copias o evidencias de esos videos.

De la Cruz destacó que las investigaciones del caso no empiezan de cero, sino que se van a recomponer porque fueron mal hechas y hoy tenemos los expedientes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; nos vamos a reunir cada dos meses con el presidente Andrés Manuel López Obrador para analizar los avances y con el fiscal general Alejandro Gertz Manero.