La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el área jurídica de la Presidencia analizan la viabilidad de una iniciativa de ley de amnistía para presos políticos, indígenas o personas encarceladas por condiciones de pobreza, informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quiero que, en caso de proceder, sea una iniciativa de carácter preferente, es decir, para que lo más pronto posible se resuelva. Tenemos que buscar bien quiénes podrían acogerse a esta amnistía y bajo qué condiciones, explicó.

Asimismo, argumentó que la candidatura de México a formar parte del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no se contradice con su rechazo a atender las recomendaciones en materia de respeto a la libertad de expresión, hechas por una agencia que pertenece a ese organismo

Incluso señaló que sólo responderá a la ONU siempre y cuando formalicen una queja, si hay un escrito, porque si fue una declaración habría que ver bajo qué consideraciones, pero si hay un escrito formal, sí. Todo nuestro respeto a quienes hagan críticas al gobierno.

Porque, resaltó el mandatario, no hay ningún interés en limitar la libertad de expresión.

Informó, además, que el martes abordó con su gabinete el caso de personas que permanecen en cárceles por no contar aún con una legislación en materia de amnistía.

Hay presos políticos, luchadores sociales o quienes están en la cárcel sin haber cometido delitos o por la pobreza, porque no tienen abogados, a pesar de que hay defensores de oficio, o quienes no tienen para pagar fianzas, ancianos o enfermos, mujeres solas, abandonadas, dijo.

Refirió que le hicieron entrega de un expediente de más de 3 mil mujeres presas que no tienen por qué estar en la cárcel.

El mandatario aclaró que sí se ha avanzado, aunque poco, en su promesa de liberación de presos políticos, porque si bien hay desistimiento de la acción penal, se presentan amparos y cuando los casos llegan al Poder Judicial, se vuelven muy complicados.