Villahermosa, Tab., La iniciativa aprobada el sábado en el Congreso de Tabasco –en el que Morena es mayoría– para castigar con 10 a 20 años de prisión a quienes realicen manifestaciones con marchas y bloqueos en carreteras, o impidan la ejecución de obra pública y privada en el estado, provocó el rechazo de los ciudadanos, que en diferentes redes sociales la calificaron de represiva y violatoria de las garantías individuales”.

Al respecto se pronunciaron partidos de oposición y organismos no gubernamentales, los cuales dijeron sorprenderse de que esto esté sucediendo en la entidad de la que es oriundo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer circuló en redes sociales un comunicado en el que se invita a los ciudadanos a protestar hoy en el Congreso local contra la llamada ley garrote, aprobada el fin de semana en la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, y que hoy será presentada ante el pleno.

El Comité de Derechos Humanos de Tabasco consideró que resulta incongruente que en la tierra del Presidente se pretenda aprobar una ley enviada por el gobernador Adán Augusto López Hernández, de Morena, para reprimir al pueblo, cuando antes de ser mandatario federal encabezó bloqueos y manifestaciones en rechazo al desempeño de gobiernos.

La presidenta del organismo, Leonor Ramírez Bautista, resaltó que lo más grave es que se supone estamos en un gobierno de izquierda, la Cuarta Transformación; se supone que están muy preocupados y van a trabajar para el pueblo, pero con estas leyes nos queda claro que no es así.

El secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigranas, argumentó que no se trata de una ley antimarchas, sino antiextorsionadores, pues aseguró que ésta garantiza la libre manifestación de los ciudadanos, siempre que no afecten los derechos de terceros.

En tanto, el senador perredisa Juan Manuel Fócil Pérez, afirmó: no podemos aceptar garrote y cárcel como solución a las protestas sociales, y convocó a las autoridades del gobierno de Tabasco a privilegiar el diálogo. Aseguró que en los siete meses de la nueva administración de Morena, que encabeza López Hernández, se ha respondido con cárcel y represión a quienes se han manifestado.

Los diputados que aprobaron en comisiones la iniciativa expusieron: “Buscamos poner orden, que las cosas justas se hagan y se aumenten las penas de 10 a 20 años para las personas que cometan delitos.

Si son servidores públicos, que también sean inhabilitados de cinco a 10 años. La ley se aplicaría a quienes obstruyan vías de comunicación, porque perjudican a terceras personas que no tienen nada que ver”.