Política
Ver día anteriorSábado 22 de junio de 2019Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio
Se rezagan Campeche, CDMX y Chiapas en el sistema anticorrupción
 
Periódico La Jornada
Sábado 22 de junio de 2019, p. 10

La Ciudad de México, Chiapas y Campeche son las tres entidades más rezagadas en la formación de sus sistemas locales anticorrupción, mientras que 25 estados ya cumplieron y cuatro entidades están adelantadas en los requerimientos de creación de instituciones, de acuerdo con los análisis más recientes hechos por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Según la actualización al 14 de junio, la entidad que presenta mayor atraso desde la reforma constitucional que creó al SNA, en 2015, es justamente la capital delpaís, pues sólo cuenta con una delas seis instancias básicas para llevar a cabo su tarea de luchar contra la corrupción y los actos deshonestos.

La Ciudad de México ha cumplido únicamente con nombrar magistrados locales en temas de responsabilidades administrativas, pero sigue sin tener comisión de selección de los integrantes de su sistema anticorrupción; comité de participación ciudadana; fiscal especializado en combate a este flagelo; comité coordinador, ni secretaría ejecutiva.

Chiapas sólo ha cumplido los puntos de tener magistrados y fiscal especializados; mientras que Campeche se encuentra en el tercer lugar, pues además de los dos elementos anteriores, ya designó a su comisión de selección.

Otros estados que aún tienen algún elemento faltante en la materia son Morelos (dos puntos pendientes), Baja California, Baja California Sur y San Luis Potosí (uno pendiente). En contraposición, los 25 estados restantes ya cumplieron con los seis puntos que les marca la ley.

Consultado sobre el tema, el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, José Octavio López Presa, señaló que las consecuencias de tener entidades en donde aún no se conforman los sistemas locales anticorrupción son muy graves, pues no se logra crear un esquema nacional completo y ordenado para combatir los actos delictuosos en la administración pública.