La Ley Minera promulgada en 1992 es laxa y está hecha a modo en favor de los empresarios, por lo cual urge reformarla, aseguró Francisco Cravioto Lagos, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

En entrevista con La Jornada, expuso que dicha legislación se aprobó en vísperas de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para facilitar los intereses privados, y es por ello que es permisiva, y es el principal obstáculo para transitar a un nuevo modelo de desarrollo que defienda los intereses de la nación, particularmente de los que habitan los territorios afectados o potencialmente perjudicados por estas actividades extractivas.

Cravioto Lagos, autor del análisis La Normatividad Minera en México: problemas y propuestas de modificación, acotó que es un error partir de la base de que hay buenas prácticas mineras y malas prácticas, como considera la Subsecretaría de Minería, y es que la ley es tan laxa, que lo que predomina en la nación son las malas prácticas, por ello se han generado más de 120 conflictos socioambientales.

Subrayó que esta legislación genera muy pocas obligaciones y otorga muchas prerrogativas a los empresarios. Además establece que estas actividades son de utilidad pública, y son preferentes por sobre cualquier otro uso y aprovechamiento del terreno, por lo que si entra en conflicto con otra actividad (forestal, ganadera o agrícola, entre otras), la que prevalece es la minería.

La SE entrega las concesiones mineras sobre cualquier sitio, sobre tierra que pertenece a otras personas, en áreas de recarga de acuíferos, en zonas ejidales o comunales. Algunas concesiones se han dado en áreas naturales protegidas, por ejemplo existe una mina en las proximidades Angangueo, Michoacán, en el corazón de la reserva de la Mariposa Monarca, también están sobre zonas arqueológicas, como es el caso de Xochicalco, Morelos.