La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez, anunció que emitirá una recomendación estructural contra las autoridades capitalinas por las irregularidades detectadas en 20 desarrollos inmobiliarios, entre ellos Mítikah, que fue clausurado ayer de manera simbólica para exigir que se revisen los contratos otorgados para su construcción y se le castigue por la tala de 54 árboles.

En la inauguración del taller Seguridad y derechos humanos, explicó que se tienen cerca de 20 quejas abiertas fuertes por igual número de desarrollos, que derivarán en la primera recomendación de ese tipo por las irregularidades denunciadas.

Las autoridades a las que se dirigirá la exhortación son el Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías de Benito Juárez y Coyoacán, que concentran la construcción de estos complejos habitacionales, como Mítikah, por la cual desde hace año y medio se inició una queja.

Los problemas registrados en su construcción se han ido acumulando en dicho expediente que tiene la Tercera Visitaduría General, al cual se sumó la denuncia de vecinos por la tala de 54 árboles en la calle Real de Mayorazgo a principios de mes.

Además están las denuncias porque no se hicieron los procedimientos correspondientes y la ausencia de consulta ciudadana, cuando Xoco es un pueblo originario, por lo cual se tienen varios frentes de investigación, cuyos resultados se tendrán próximamente, señaló.

Al respecto, el cordinador de Morena en el Congreso local, Ricardo Ruiz Suárez, clausuró de manera simbólica la torre Mítikah, para exigir que se aplique todo el peso de la ley a los responsables de la empresa que ordenaron la tala ilegal de 54 árboles.

Asimismo, que se realice una revisión a fondo de los permisos, no sólo para la construcción de este proyecto, sino de todos los que se otorgaron en la administración pasada en gran parte de la Ciudad de México, pues su desarrollo debe ser en orden y con legalidad, afirmó.

En tanto, vecinos de Xoco exigieron a las autoridades capitalinas que actúen contra la empresa Fibra Uno, encargada de la construcción de dicho proyecto, por violar la ley.