Sociedad y Justicia
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Piden justificar uso de explosivos en la presa La Maroma, en SLP

El proyecto se ubica en un área natural protegida de Wirikuta

 
Periódico La Jornada
Martes 30 de abril de 2019, p. 32

En la presa La Maroma, planeada en Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, en el área natural protegida en la modalidad de lugar sagrado de Wirikuta, cuyo vaso estará en la sierra de Catorce, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha utilizado explosivos, por lo que se solicitó al juez cuarto de distrito que se exhiban los permisos correspondientes, en el contexto del juicio de amparo contra el proyecto.

Daniel Jacobo Marín, asesor jurídico del ejido La Presa, junto con Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, explicó que las detonaciones se realizan en el camino Los Chilares-La Maroma, en la Sierra de Catorce.

El material que explota, explicó, cae hacia el arroyo El Jordán, del que se abastecen las comunidades del ejido La Presa, las cuales habitan la sierra aguas abajo y poseen un decreto presidencial de 1955 que les da derecho al uso del agua.

Aseguró que en el juicio de amparo que los ejidatarios interpusieron en el juzgado mencionado, hace unos días se pidió que se solicitara oficiosamente a la Conagua en San Luis Potosí para que exhibiera los permisos correspondientes al uso, transporte y detonación de explosivos, los cuales requieren autorización específica de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La intención es que el juez determine la suspensión de las obras para evitar daños ambientales y sociales irreparables para las comunidades aguas abajo, explicó el abogado. En el juicio de amparo, detalló, se propusieron dos peritajes, uno en hidrología ambiental y otro en antropología social, para identificar las afectaciones ambientales al recurso de agua, así como a la salud y vida comunitarias.

Señaló que los actos que se realizan son de imposible reparación para las comunidades agrarias y para el medio ambiente, además de que continúan, en perjuicio del principio de legalidad y precaución ambiental. Para lograr la autorización de la presa en 2015, los funcionarios locales de la Conagua utilizaron documentos ejidales falsos, que incluían la firma de personas fallecidas para validar los permisos. El proyecto está en la fase de preparación del terreno.