La Fiscalía General de la República (FGR) apelará el fallo del juez de control con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, Fernando Payá Ayala, quien desestimó vincular a proceso a Pedro de León Mojarro, ex coordinador de la unidad de delegaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, porque no encontró elementos de prueba suficientes para hacerlo.

En una semana es el segundo imputado que libra cargos por el caso ligado al desvío de recursos durante la gestión de Rosario Robles.

La fiscalía señaló ante el impartidor de justicia que Mojarro causó un supuesto quebranto a la hacienda pública por 124 millones 100 mil pesos al suscribir de manera indebida un convenio entre la Universidad Intercultural del Estado de México y la extinta Sedesol, el 5 de marzo de 2015.

En entrevista, León Mojarro, cercano también a Rosario Robles, advirtió que se reserva el derecho de interponer una demanda contra la Auditoría Superior de la Federación: Que se investigue y castigue con todo el peso de la ley a quien hizo mal uso de los 124 millones, si eso se acredita. Agregó que la Oficialía Mayor de la Sedesol, cuyo titular era Emilio Zebadúa, era la encargada de las contrataciones y de manejar los recursos.

La FGR reiteró que, de acuerdo con la investigación, el ex servidor público autorizó incorrectamente la contratación entre dos entidades públicas, una federal y otra local, lo que el juzgador consideró legítimo. El acuerdo era para elaborar un padrón de beneficiarios sociales con la herramienta denominada Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).

Durante la continuación de la audiencia inicial, que duró más de tres horas, la FGR acreditó que el CUIS no fue realizada de manera directa por la universidad al no contar con capacidad técnica, material y humana, por lo que subcontrató a dos empresas.

Del convenio, la casa de estudios pagó a las dos compañías 61 millones 222 mil 808 pesos, sin acreditar el destino de los restantes 62 millones 877 mil 192.

Por ello, según la fiscalía, se violaron varios artículos de la Ley de Adquisiciones, pero el juez avaló los argumentos de la defensa, la cual sostuvo que se cumplió con los requisitos previstos en el artículo primero, párrafo quinto, que prevé la contratación entre dos entidades de la administración pública, en este caso y que el convenio suscrito no estaba sujeto a la norma y menos a su reglamento.

Al escuchar el fallo, el ex funcionario no pudo ocultar una enorme sonrisa.