De los ocho ex gobernadores que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) acusó durante la administración pasada por lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada, entre otros delitos, hasta la fecha sólo uno ha sido sentenciado.

La PGR investigó a los ex mandatarios de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández; de Quintana Roo, Roberto Borge; Nuevo León, Rodrigo Medina; Tabasco, Andrés Granier; Sonora, Guillermo Padrés; de Chihuahua, César Duarte, pero sólo en el caso de Veracruz, Javier Duarte, logró que un juez lo sentenciara a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Roberto Borge fue detenido el 5 de junio de 2017 en Panamá y tiene un amparo por una causa penal del fuero federal; sin embargo, cuenta con otras cuatro acusaciones en el fuero común por peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

En abril de 2017 Tomas Yarrington fue detenido en Florencia, Italia, fue entregado a Estados Unidos donde enfrenta cargos en la corte federal del distrito sur de Texas. En México tiene pendientes averiguaciones previas por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos ilícitos.

Eugenio Hernández fue detenido el 6 de octubre de 2017 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y es requerido por la corte sur de Texas por asociación delictuosa en su modalidad de lavado de dinero y fraude bancario, pero busca no ser encarcelado por la vía del amparo.

Por otra parte, a Andrés Granier –acusado de evasión fiscal y detenido en julio de 2013– le fue otorgado el arresto domiciliario para continuar su proceso por evasión fiscal.

Guillermo Padrés logró hace unos días que un juez concediera libertad tras pagar una fianza; se le investiga por defraudación fiscal y lavado de dinero.

En otro caso, la PGR decidió no ejercer acción penal contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero; sin embargo, tiene abiertos otros procesos en el fuero local.