La Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCI) y otras organizaciones civiles y religiosas saludaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya anunciado que admitió el caso de la masacre de El Charco, y advirtió que la Guardia Nacional propuesta por el actual gobierno entraña el riesgo de que ocurran más abusos militares de ese tipo.

En conferencia de prensa, la RSDCI rememoró que el 7 de junio de 1998 integrantes del Ejército mexicano –al mando de los generales Luis Humberto López Portillo y Juan Alfredo Oropeza Garnica– atacaron una escuela en la comunidad guerrerense de El Charco, donde pernoctaba un grupo de luchadores sociales que un día antes celebraron ahí una asamblea.

Luego de destacar que la agresión –en la que perdieron la vida 11 personas y varias más resultaron heridas– nunca fue investigada debidamente, el colectivo celebró que la CIDH haya otorgado la admisibilidad del caso, pues de esa forma podría indagarse, juzgarse y sancionarse la probable responsabilidad del Ejército en este episodio.

El teólogo Julián Cruzalta afirmó que episodios como el de El Charco, además de otros casos de violaciones graves a derechos humanos en México, permiten hablar de la existencia de una política de “terrorismo de Estado“, en la cual las fuerzas armadas han jugado papel central.

Enfatizó que la Guardia Nacional propuesta por Andrés Manuel López Obrador significa el riesgo de que dicha estrategia se repita e incluso se profundice. La aparición de la Guardia Nacional es una señal de más guerra, porque el Ejército ha cometido muchas barbaridades y no se puede confiar en él, advirtió.

Óscar Pérez, obispo veterocatólico, coincidió en que las fuerzas armadas no son aptas para realizar labores de seguridad pública, como demuestran muchos casos en que la institución armada ha lastimado a la sociedad.

Efrén Cortés Chávez, sobreviviente de la masacre de El Charco, manifestó que le causa indignación escuchar a López Obrador y otros presidentes decir que el Ejército es un organismo basado en el honor, cuando en realidad es una maquinaria de muerte que está formada para atacar, no para contener.

Por todo ello, convocaron al Poder Legislativo a no aprobar la formación de la Guardia Nacional sin antes definir candados mínimos, como que las unidades territoriales de ese cuerpo armado sean encabezadas por civiles, que no puedan realizar labores de investigación penal y que su presencia en las calles sea temporal.