odos los años se comentan las expectativas generales existentes sobre la evolución probable de nuestra economía a la luz de la marcha de la economía global. En esta reflexión se contrasta lo que el gobierno en turno se propone, expresado explícitamente en los documentos base para la formulación del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos, respecto a lo que prevalece como la expectativa general de diversas fuentes. En este año resulta de particular interés contrastar las expectativas sociales en relación con las metas comprometidas para el primer año de gobierno de AMLO y respecto al sexenio entero.
En esta comparación interesa discutir lo que constituye el centro del planteamiento económico del gobierno federal y lo que debiera proponerse como requerimientos de quienes votaron por ellos. El primer dato es que el gobierno de AMLO para 2019 espera un crecimiento puntual de 2 por ciento real
y para los siguientes cinco años, haciendo uso de un marco macroeconómico conservador
, esperan tasas entre 2.6 y 2.8 por ciento anual. Han aclarado que consideraron el consenso de las expectativas del mercado
para alinear sus metas. Por ello este consenso del mercado
reconoció que la propuesta económica es realista
.
Resalta de inmediato que lo que esperan los economistas de AMLO es una dinámica bastante similar a la que hemos observado en los años neoliberales. La Secretaría de Hacienda, aceptando que su planteo es decepcionante para muchos, aunque insistieron en su tesis de que conducirán la economía prudentemente, introdujeron un matiz sorprendente: el efecto de las nuevas políticas económicas sobre la economía no fue considerado para establecer lo que esperan. La aclaración es reveladora. Evidentemente tienen una estimación del impacto de estas nuevas políticas
en la dinámica económica, pero no la explicitan porque les comprometería con sus electores.
Esta prudencia presupuestal contrasta duramente con lo que se planteó en la campaña y que constituyen en realidad compromisos establecidos con sus votantes y que es una de las razones por las que la propuesta de AMLO fue ampliamente votada. El planteo fue que la economía crecería de entrada a 4 por ciento para quedar luego en 6 por ciento, lo que comprobaría que la nueva
política económica liberaría al país de las trabas neoliberales.
La recuperación de la dinámica económica tendría impactos en el empleo y en el producto, en parte por los programas emblemáticos del gobierno: el de jóvenes aprendices, el incremento a la pensión a los adultos mayores y los otros programas sociales.
El gobierno federal en el discurso ha reconocido la preeminencia del bienestar social sobre el resto de los propósitos económicos, pero al momento de precisar los contenidos específicos que debieran conducir al cumplimiento del compromiso de por el bien de todos primero los pobres
no se lo atiende con precisión. Mucho tiene que ver esta ausencia con las limitaciones que se autoimpuso AMLO: mantener las finanzas públicas en equilibrio, no hacer uso de la deuda pública para expandir el gasto, mantener inalteradas las condiciones tributarias. Limitaciones que pueden convertirse en camisas de fuerza que impidan lograr la meta fundamental: mejorar las condiciones de vida de los olvidados en los 36 años de política neoliberal.
Hay avances importantes que tienen que reconocerse, como que el salario mínimo haya tenido un incremento general de 16 por ciento y que en la frontera se haya duplicado. Luego de 36 años de contención salarial se logró consensuar este aumento con los organismos empresariales, lo que por supuesto constituye un acuerdo relevante. También se anunció que el Banco de México estuvo de acuerdo con que el aumento no sería inflacionario. Según el anuncio oficial con este salario se logró que una familia que recibe el salario mínimo pueda satisfacer sus necesidades básicas, lo que es indudablemente central. Se indicó, además, que se legislará para que los aumentos siguientes del mínimo no puedan ser inferiores a la inflación observada.
Pese a sus claras bondades, este aumento no necesariamente impactará los niveles de desigualdad existentes en el país. Ni tampoco necesariamente incrementará la productividad, ni mejorará el desempeño económico general. Hay como éste otros avances en aspectos específicos, pero la sensación general es que en materia de política económica se ha decidido sujetarse a la aprobación del mercado
, en detrimento de los compromisos centrales con los que menos tienen. Veremos cómo se maneja la economía en los meses siguientes, en los que sin duda los mercados
se opondrán a decisiones gubernamentales socialmente relevantes que se ajusten más a las expectativas de los electores.
