Sólo para 23 proyectos de infraestructura bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP), que lo mismo incluyen la conservación de carreteras y la construcción de hospitales, que la edificación de un acuario, el gobierno federal erogará el próximo año 37 mil 117 millones 424 mil pesos como monto máximo anual de gasto programable.

Esa inversión supera en 83.2 por ciento los 20 mil 259 millones 700 mil pesos que se prevé aportará el sector privado para dichos proyectos durante 2019 en los que participa con cuatro secretarías federales, así como el IMSS y el Issste, de acuerdo con los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado por la Cámara de Diputados el lunes pasado.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concentra 11 de los 23 proyectos de APP y salvo la construcción del libramiento de La Galarza-Amatitlanes, en Puebla, los otros 10 son programas plurianuales para la conservación de diversas carreteras (cuatro para el periodo 2017-2027).

Los restantes 12 proyectos APP son la construcción de un penal federal en Papantla, Veracruz, con la Secretaría de Gobernación, la modernización del Servicio Metereológico Nacional con la Secretaría de Medio Ambiente, el nuevo acuario de Mazatlán con la Secretaría de Turismo, así como la construcción de cuatro hospitales del IMSS y cinco del Issste en siete entidades.

Tren maya y aeropuertos

En los documentos difundidos por la Cámara Baja (falta el desglose por sectores o proyectos por parte de la Secretaría de Hacienda ) no se detecta ningún aumento o recorte en los proyectos prioritarios de infraestructura del gobierno federal, es decir, el Tren Maya y la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria para los cuales el Ejecutivo federal solicitó 6 mil millones y 18 mil millones de pesos respectivamente.

Tampoco los 3 mil millones de pesos previstos para el Tren Interurbano México-Toluca y los 900 millones de pesos para el Corredor Transístimico fueron incluidos en los cambios que hizo la Comisión de Presupuesto y de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, aprobados después por mayoría del pleno.