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Ética e integridad académica: los otros focos rojos
E

l pasado septiembre el Instituto Politécnico Nacional (IPN) lanzó la campaña Ética e integridad en la escritura y publicación académicas en el IPN, iniciativa del doctor en filosofía y promotor de la no violencia Xicoténcatl Martínez Ruiz, quien desde la dirección de la revista Innovación Educativa ha impulsado una profunda reflexión sobre los procesos de aprendizaje científico, generación del conocimiento, su divulgación e impacto social.

La campaña surgió como respuesta a uno de los procesos más preocupantes en el ámbito académico: el aumento sostenido de prácticas deshonestas y de proliferación de textos académicos con contenido no original entre la comunidad del IPN, o bien entre quienes envían de diversos países ensayos de investigación que aspiran a ser publicados en Innovación Educativa, lo que involucra a estudiantes de posgrado, profesores e investigadores. Dichos procesos se han agudizado ante la abundancia de recursos de consulta digital que permiten, entre otras cosas, la especialización en la práctica de copiar y pegar, e incluso de reformular textos originales ajenos para plagiarlos y solventar con ello trabajos escolares, o simular productos de investigación originales.

El plagio y sus numerosas modalidades ha dado lugar al surgimiento de una industria de maquila de textos científicos por encargo, a partir de empresas informales que ofrecen este servicio, garantizando discreción y una cada vez menor posibilidad de que el robo intelectual sea descubierto. Para ello han desarrollado, incluso, programas informáticos sustentados en algoritmos que seleccionan, mezclan y alteran contenidos disponibles en Internet con el fin de burlar los detectores de plagio, en una muestra más de los usos perversos de la tecnología.

La campaña por la ética e integridad académicas rebasa por tantoßπ el problema concreto del texto científico no original, al llamar la atención sobre los factores que han profundizado las prácticas corruptas en las comunidades académicas de las más reconocidas instituciones de educación superior e investigación científica de México y de muchos países del hemisferio occidental. Con ello el IPN se coloca a la vanguardia, sobre todo porque la estrategia para la toma de conciencia en torno a este problema se basa en el diálogo con estudiantes y comunidad académica.

La campaña del IPN llega en un momento clave ante los planes de redefinición de la política científica mexicana dados a conocer por María Elena Álvarez-Buylla el pasado junio, cuando se perfiló como la apuesta de López Obrador para dirigir el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En dicho mes, la doctora Álvarez-Buylla dio a conocer su Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024), en el cual toma un papel central la ética académica y el rechazo a la simulación. En su diagnóstico, el documento señala los daños severos que el régimen económico neoliberal causó a la política científica nacional, principalmente la mercantilización de los procesos de conocimiento y formación de recursos humanos de alto nivel, lo cual, en palabras de Álvarez-Buylla, tiene implicaciones éticas profundas, y en sentido estricto podrían estar destruyendo a la ciencia y a las universidades de raíz.

El ejemplo más grave de lo anterior se encuentra en los institutos y centros de investigación, donde los investigadores vivimos sometidos a un régimen de evaluaciones periódicas con base en criterios productivistas y cuantitativos que fomentan prácticas corruptas de plagio, tráfico de respaldos mutuos y clientelismos, manipulación de consejos editoriales y comisiones dictaminadoras, canibalismo laboral y abusos hacia los estudiantes de posgrado, todo en la lógica de la competencia feroz por obtener estímulos económicos diseñados para atenuar el bajo salario de base de los científicos mexicanos.

Los comportamientos orientados a lograr mayores ganancias económicas se multiplican y llevan al desvarío a muchos investigadores. Por ejemplo, los actuales criterios de evaluación del Conacyt establecen como altamente valorada la colaboración investigador-estudiante para publicaciones en coautoría, lo que se ha traducido en abusos de poder, acosos y otras acciones que llegan al plagio, al chantaje e incluso a la violación de derechos humanos.

La lucha por el predominio de la ética y la integridad en la academia debe ser también un fin prioritario en el proceso de cambio hacia un nuevo régimen político, sustentado en la honestidad y la justicia social. Por ello es deseable que la campaña del IPN, encabezada por Xicoténcatl Martínez, logre activar las reservas morales de las instituciones de educación e investigación superior de México. En esta tarea el Conacyt y su nueva titular tendrán mucho que decir. Somos todo oídos.