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Acepta reducir 50% los fondos públicos

Propone el PRI permitir financiamiento privado a partidos políticos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de octubre de 2018, p. 16

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), por conducto de su dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu y el coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó una serie de iniciativas de reformas a la Constitución y a la ley secundaria, para reducir 50 por ciento el financiamiento público a los partidos, pero con una modalidad: que se eleve de 30 a 50 por ciento el monto a distribuir entre los institutos de forma igualitaria y el resto con base en los sufragios obtenidos.

Además plantea que se permita el financiamiento privado, mediante aportaciones y donativos de empresas; que se autorice elevar el porcentaje de apoyos de militantes y se reduzcan 50 por ciento el monto de las sanciones a partidos por infracciones a la ley.

La iniciativa, que ya presentó Morena, sólo reduce a la mitad el financiamiento público y de ese porcentaje, la distribución es 30 por ciento parejo y 70 por ciento de acuerdo con el nivel de votos obtenidos.

El tricolor destaca que confluye en la pertinencia de promover y concretar una disminución de 50 por ciento del monto de recursos públicos destinados a los partidos, para lo cual debe modificarse el artículo 41 de la Carta Magna, pero deben abrirse espacios a las aportaciones privadas.

Por ello, el PRI plantea modificar los artículos 53 y 54 de la Ley General de Partidos Políticos con el objetivo de suprimir la prohibición para que las personas morales puedan realizar aportaciones en dinero o en especie. La reforma que el PRI señala que la aportación anual de cada militante, simpatizante, así como de cualquier persona física o moral, tendrá como límite individual 0.1 por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias.

El tricolor indica que en la actualidad las aportaciones de los militantes y simpatizantes tienen previsto como límite global 2 por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas.