l deber de un gobierno es contribuir a la felicidad de los ciudadanos, de los habitantes, y una herramienta para ello debe ser la clarificación de las normas y la simplificación de los trámites. Tomás Moro, el autor de Utopía y en el santoral católico el patrono de los abogados, escribió algo muy sensato, una breve receta que él seguía cuando en Inglaterra era el canciller del reino: Las leyes deben ser pocas y claras
. Hoy, con la complejidad de la vida moderna las reglas se han multiplicado y que sean pocas no es fácil, pero sí puede aspirarse a que tengan claridad, redactadas para ser entendidas y cumplidas, sería ideal también que socialmente tengan una utilidad y no caprichos o negocios de los gobernantes.
Uno de los asuntos que en mi opinión deberá atender el gobierno democrático que tomará las riendas de la Ciudad de México próximamente, será disminuir y simplificar el engorroso y excesivo laberinto de trámites burocráticos. Nací aquí en la ciudad más grande y hermosa del mundo, según mi opinión no muy imparcial, y he vivido en el país siempre; he podido, por tanto, ver cómo la normatividad, especialmente en años recientes, ha servido para dificultar la vida de los capitalinos, cuando debiera simplificarla. En el gobierno encabezado por el actual presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, me consta que se tomaron medidas en ese sentido, recuerdo dos muy fáciles de retomar: licencias de manejar por tiempo indeterminado, sin vencimiento, y otro, las tarjetas de apoyo a los adultos mayores, respaldo directo a personas con nombre y apellido e inyección mensual de recursos abajo, directamente a donde más se requiere para mover la economía de la urbe, sin mecanismos complicados ni burocracias costosas.
Hay otros, pero me interesa destacar que al correr del tiempo la tramitología en la capital se ha incrementado y es fuente de corrupción y una carga inútil y pesada para la gente. Mi carácter de capitalino con profesión de abogado me permiten compartir unos pocos ejemplos de lo que digo.
He visto de cerca como amigos de una fundación de beneficencia han batallado por largos meses, ya años, para obtener licencia de subdivisión de un predio; antesalas, requisitos, comunicados a cuenta gotas, firmas, consultas, pagos de derechos y todo a raíz de la negativa de contratar un despacho recomendado por un mando medio de la oficina responsable.
En el Registro Civil hay otra área pantanosa que exige que las copias certificadas de las actas que expide, tan necesarias para tantos trámites, tengan un plazo de caducidad de sólo 90 días; el día 89 la copia es válida y el día 91 ya no lo es; disposición absurda con fines recaudatorios y que complica la vida de los capitalinos. Para colmo, los jueces exigen ahora que junto con las actas de matrimonio se presenten las llamadas capitulaciones matrimoniales, que, como es sabido, nadie celebra. Pareciera que la consigna es dificultar la vida y cobrar más.
Otro triste caso del que he tenido noticias es la montaña de dificultades que la Central de Abasto pone a los titulares de derechos y uso de bodegas en este gran mercado al mayoreo, cuando tienen intención de ceder sus derechos. Bastaría un contrato de arrendamiento, de comodato o de cesión de derechos para que un titular pudiera disponer de lo que es de él, pero como está dentro de esa especie de territorio independiente que es la central, quienes no se pliegan a las exigencias, a veces absurdas, de los burócratas del momento nunca logran la autorización que se les exige y que en estricto derecho no sería necesaria, pero que se deriva de los usos y costumbres extralegales de este gran mercado de abasto, que por su tamaño e importancia económica, debiera ser un modelo para otros.
Estos casos que recuerdo a bote pronto son ejemplo de lo que no sucederá con el nuevo gobierno, estoy seguro. Compromisos de campaña, alegría por el triunfo, participación ciudadana y funcionarios comprometidos, son la garantía.
