San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Indígenas expulsados de cuatro municipios crearon la Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas para exigir justicia, retorno a sus comunidades y reparación de daños.

Representantes de la agrupación informaron en conferencia de prensa, ayer en Tuxtla Gutiérrez, que se organizaron porque el Estado mexicano ‘‘no ha cumplido con su obligación de garantizar nuestros derechos humanos a la educación, a la alimentación, a una vida y a un trabajo dignos, así como a la salud’’.

Explicaron que en la coordinadora participan 254 tzotziles desplazados del ejido Puebla, municipio de Chenalhó; 71 tzeltales de la comunidad de Tenango, en Ocosingo; 36 tzeltales de Cintalapa, también en Ocosingo; 17 de Shulvó, Zinacantán, y 67 del municipio de Huixtla.

‘‘En los casos de Tenango, Cintalapa, Shulvó y Ejido Puebla, nuestro desplazamiento fue resultado de un conflicto social. Disentimos de los grupos de poder de nuestras comunidades y por eso fuimos víctimas de agresiones’’, dijeron. ‘‘Situación distinta a la de los desplazados de Huixtla, ya que ellos fueron desplazados por el huracán Stan’’, en 2005, explicaron.

Aseguraron que en todos los casos hubo omisión del Estado mexicano para evitar el desplazamiento. Recordaron que la idea de agruparse en una coordinadora estatal surgió el 21 de julio, cuando representantes de los cinco grupos se reunieron en San Cristóbal de Las Casas.

Los representantes de la coordinadora informaron que el Centro de Derechos Humanos Ku’untik aceptó su solicitud de apoyo y acompañamiento. ‘‘Desde hoy caminaremos juntos en la lucha por la restitución de nuestros derechos, el retorno a nuestras comunidades y acciones para que se eviten más desplazamientos forzados’’.

Por separado, la Secretaría de Gobierno de Chiapas aseguró que ‘‘además de alimentación, servicios de salud y educación, las 54 familias desplazadas del ejido Puebla reciben 50 mil pesos semanales del Programa de Empleo Temporal para desarrollar actividades productivas y mejorar el ingreso de sus hogares; 10 familias desplazadas de Tenango y Cintalapa cuentan con apoyo para rentar viviendas mientras el Tribunal Unitario Agrario emite una sentencia definitiva por un diferendo, y a la familia desplazada de Shulvó se le autorizó la renta de dos viviendas en San Cristóbal, alimentos por parte del Protección Civil y, por conducto de Prospera, Juan Pérez Cruz recibirá apoyo económico pendiente’’.