Como parte de los procedimientos especiales sancionadores aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Registro Federal de Electores (RFE) dio inicio a una nueva revisión de las firmas de apoyo de los tres aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia (Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter). La razón: hay indicios de que muchos apoyos podrían haber sido obtenidos de los padrones de beneficiarios de programas sociales y se profundizará en la geolocalización de los mismos.

Desde que se entró en la última etapa de la revisión de apoyos, todos los consejeros tuvieron conocimiento de las dimensiones de las trampas utilizadas por los tres aspirantes, entre las cuales se tienen detectados cinco o seis lugares específicos desde los cuales salieron de 10 a 15 mil firmas en forma periódica durante horarios no convencionales.

La víspera de la sesión del Consejo General del INE en la que se avaló el registro de Zavala –cuando se evidenció, ante la presencia del dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, de que en la decisión había muchos sectores involucrados que se han hecho presentes– los consejeros ya conocían de indicios que apuntaban a conductas graves en los tres casos, con particular énfasis en Ríos Piter.

A los consejeros les preocupa que las firmas se hayan podido obtener a partir de información proveniente de los padrones oficiales de los programas sociales, motivo por el cual el RFE indaga, como parte del procedimiento especial sancionador, en esta vertiente.

Aunque hay división entre los consejeros acerca de las consecuencias legales que tendría el resultado de las investigaciones en el caso de Zavala –de cuyo registro algunos tenían dudas por los hechos detectados, pues formalmente ya tiene el registro–, existen disposiciones que abrirían la puerta a una posible cancelación, dependiendo de la gravedad de los hechos que pudieran comprobarse en las indagatorias.

De acuerdo con el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se refiere a las sanciones aplicables en el caso de los candidatos independientes, en la fracción d estipula:

Respecto de los candidatos independientes: I.- Con amonestación pública; II.- Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo y III. Con la pérdida del derecho del aspirante a ser registrado como candidato independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del mismo.

En este contexto, este martes, de nueva cuenta Ríos Piter acudió al INE para presentar una denuncia ante el Órgano Interno de Control contra el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, por la inusitada actividad en medios y redes sociales para, según dijo, descalificarlo.

Sujeto a un procedimiento especial sancionador ante los indicios que se han detectado de violaciones graves a la legislación, Ríos Piter afirmó que se violentaron sus derechos a partir de filtraciones y declaraciones que le han afectado.

Por la tarde, el INE emitió un posicionamiento oficial en el cual respaldó la actuación de Ballados durante todo el proceso y subrayó que en todas las etapas se garantizó el derecho de audiencia a todos los aspirantes, al tiempo que se protegieron los datos personales de los ciudadanos.