A nombre del precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, el senador del PRD, Isidro Pedraza, presentó ayer en el Senado la reforma constitucional para dar autonomía a la Fiscalía General de la República (FGR).

Necesitamos transformar la anacrónica PGR, en una fiscalía autónoma, eficaz e independiente, protegida por la Constitución. Una fiscalía que sirva, que investigue y persiga; libre de la influencia del poder, cuyo titular sea una persona competente y no un aliado político del gobierno en turno, destacó Pedraza, en tribuna.

Por otra parte, desde su escaño, el senador Luis Humberto Fernández consultó al presidente de la Mesa Directiva, si se encontraban enlistadas en el orden del día, correspondiente al 7 de febrero, las iniciativas anticorrupción anunciadas por el precandidato, José Antonio Meade.

Después de hacer la revisión del orden del día, se observó que no estaban enlistadas, por lo que Fernández señaló que la posición anticorrupción de Meade es una impostura, al tiempo de solicitar dejar constancia de su petición en el diario de debates.

Previo a la sesión, la bancada panista se reunió en privado con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, quién les demandó aprobar esa reforma, así como las referidas al Sistema Nacional Anticorrupción.

Castañón, en entrevista al concluir ese encuentro privado, dijo que presentó a los blanquiazules la visión empresarial sobre la agenda legislativa panista, y les pidió aprobar el nombramiento del fiscal general de la República, pero se requiere que tenga autonomía; que elijan al fiscal anticorrupción y a los magistrados en la materia.

El presidente del CCE dijo a los panistas que no es pretexto que la legislatura esté por terminar para que no cumplan con su obligación de elegir a los fiscales y concluir el Sistema Nacional Anticorrupción.

De igual manera, agregó que en el encuentro con los senadores del PAN, hizo hincapié en la necesidad de aprobar la ley de obras públicas y el mando mixto o mando único, ya que el trabajo legislativo no puede detenerse por los procesos electorales.