El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Secretaría de Hacienda a hacer pública la información que tiene en relación con las 70 mil empresas fachada o fantasma que emiten facturas falsas para la compra y venta de gasolina robada, en la que se incluyan las cantidades que fueron facturadas.

Con ello revocó la respuesta de la dependencia a una solicitud de datos hecha al Servicio de Administración Tributaria, en la que argumentó carecer de competencia en el tema.

De manera unánime, los comisionados avalaron la propuesta de su homóloga Patricia Kurczyn, quien argumentó que en la estructura de Hacienda se encuentran varias direcciones, como la de Delitos Fiscales o la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyas competencias les vinculan directamente a la petición relacionada con el delito de robo de combustible.

Destacó que hay un creciente interés público –en 2017 se han recibido 50 solicitudes de acceso a datos sobre diversos enfoques del problema– sobre un delito cuya incidencia ha aumentado en la década reciente, en la cual, según consultores estadunidenses, Petroleos Mexicanos ha tenido pérdidas por 7 mil 800 millones de dólares.

Para Kurczyn, de la revisión de las competencias de las diversas áreas de Hacienda se evidencia que conoce sobre el delito de robo de combustible, al que definió como un crimen gravísim, por el impacto social y económico asociado.

Su actividad, por más especializada y técnica que sea, presenta un factor de riesgo elevado que cuesta vidas; sin duda representa un gasto más para preservar la seguridad pública, incluida la atención del Ejército Mexicano.

La dimensión del crecimiento de este acto ilícito se refleja en que sólo de enero a junio se han detectado 5 mil 75 tomas clandestinas, especialmente en Puebla, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas, lo cual está asociado a la existencia de mayor número de grupos delictivos involucrados, a quienes se les denomina huachicoleros.