Buenos Aires.

Un grupo de periodistas, abogados, empresarios y políticos aliados al gobierno del presidente argentino, el derechista Mauricio Macri, pidieron la destitución del juez federal Rafael Rafecas, mediante una carta pagada que publicaron los diarios oficialistas Clarín, La Nación y La Prensa, lo que causó un masivo rechazo desde varios sectores del país.

En un hecho inédito, periodistas como Marcelo Longobardi, Alfredo Leuco y otros que conformaron el grupo que atacó en forma permanente al gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a abogados y empresarios como Luis Etchevehere de la Sociedad Rural, Gustavo Grobopatel (Los Grobo) Eduardo Elsztain, de Inversiones y representaciones S.A, así como Elisa Carrió, Horacio Jaunarena, y otros firmaron el reclamo.

De acuerdo a sus argumentos es necesario remover a Rafecas para despejar el camino que conduce a la investigación de los gravísimos hechos denunciados que costaran la vida del fiscal Alberto Nisman, tratando de que se reinstale la denuncia que éste había presentado en enero de 2015 sobre el presunto encubrimiento de la ex presidenta del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994, supuestamente para ayudar a Irán.

Es un deber cívico reclamar la destitución, acorde con los procedimientos vigentes, del juez federal Daniel Rafecas por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura, dicen los que no aceptan que Rafecas rechazara abrir esa investigación, por faltas de pruebas y graves falencias en la denuncia, lo que fue confirmado por la Cámara Federal.

Ante esta acción, que unida a otras similares contra varios jueces tan respetados como Rafecas, organismos de derechos humanos, políticos de distintos partidos, juristas, periodistas, científicos, artistas y docentes rechazaron esta carta y ratificaron la confianza de millones de argentinos en el magistrado que en medio de presiones escandalosas desestimó la denuncia de Alberto Nisman contra Fernández de Kirchner.

Este juez además tuvo un papel muy importante en causas por derechos humanos y declaró delito de lesa humanidad la apropiación de Papel Prensa, en 1976 durante la pasada dictadura (1976-1983).

Esto va contra todos los jueces independientes que no han sido cooptados por los servicios de inteligencia, o por los poderes fácticos, dijo el periodista Gustavo Silvestre, en un programa de C5N, recordando que es la primera vez en 30 años que se da un hecho semejante.

Es inédito que se pida en una solicitada la destitución de un juez probo, respetado en el mundo. Fue el único juez que se animó a comprobar investigar los sobornos en el Congreso de la Nación en 2001, llevó a juicio a militares de la pasada dictadura. Cometió el pecado de actuar de acuerdo a la justicia y el derecho, con una denuncia a la que grandes juristas calificaron como un mamarracho jurídico dijo Silvestre, quien añadió que si se reabriera esta causa sería un escándalo jurídico, colocaría a la Argentina en creciente inseguridad jurídica.

Referentes de distintos ámbitos expresaron su repudio a quienes reclamaron la destitución del magistrado. No podemos menos que rechazar de plano este grosero pedido. Denunciamos persecución contra un juez independiente. El ex ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, reconoció que el gobierno se encuentra en una campaña para presionar a los poderes Legislativo y Judicial y dijo que existe revanchismo y que estamos resucitando el 55, sin los fierros (las armas) de los militares, que habían derrocado al ex presidente Juan Domingo Perón.

No es el único caso, estos mismos sectores han presionado a otros jueces como Sebastián Casanello y a todos los que investigan la corrupción del gobierno actual como es el involucramiento del presidente Macri en las cuentas offshore como revelaron los Papeles de Panamá, en abril pasado.

La jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien frenó el tarifazo de la luz en la provincia de Buenos Aires, lo que significaba un amparo a nivel nacional, fue agredida en el fallo de la Corte Suprema y advirtió que los ministros ejercieron violencia en su contra en la sentencia y que es víctima de una caza de brujas.

Fue amenazada recientemente, le colocaron una granada del ejército cerca de la puerta de su casa y acaba de denunciar que su esposo, el abogado Gabriel Macaggi, que trabajaba desde hace 26 años en la Inspección General de Justicia, fue despedido de inmediato cuando ella dispuso el amparo contra el aumento de tarifas.

Macaggi denunció que el gobierno disciplina a los jueces que libran fallos que no le convienen, mientras que diversos sectores, incluyendo sindicales, salieron a defender a Forns y responsabilizan al Ejecutivo de su seguridad.

Marchas

Este jueves hubo un paro de médicos en toda la provincia de Buenos Aires y en esta capital se produjeron cien cortes encabezados por la organización social Barrios de Pie, que instaló ollas populares en cada lugar, contra las medidas gubernamentales y la extensión de la pobreza y el hambre.

En Rosario esta noche se registró una marcha multitudinaria pidiendo seguridad y justicia, pero también contra el desempleo ha escalado a más de 12 por ciento. La Confederación General del Trabajo Unificada recibió por primera vez a organizaciones sociales, y advirtió que el gobierno sigue sin respuestas y que esto lleva a una lucha donde estarán todos los sectores en las calles.