El presupuesto de egresos destina cada año 40 millones de pesos al pago de pensiones y personal de apoyo y seguridad de los ex presidentes, desde Luis Echevería a Felipe Calderón Hinojosa –Ernesto Zedillo renunció expresamente a ese beneficio–, quien ahora es empleado de una filial de la trasnacional Iberdrola, empresa con la que tuvo su primer acercamiento cuando fue secretario de Energía, y a la que lo acercó Juan Camilio Mouriño en el sexenio de Vicente Fox.

Pese a que distintas fuerzas políticas han presentado iniciativas para suprimir esta prestación o bien regularla, éstas continúan congeladas en comisiones.

En el desglose presentado por los legisladores, se explica que 5 millones de pesos se refieren sólo a seguridad, que es proporcionada por el Estado Mayor Presidencial.

Pero los apoyos a los ex presidentes, gracias a un decreto de Miguel de la Madrid Hurtado al final de su mandato, son amplios y los recibe la llamada pareja presidencial de Vicente Fox y Martha Sahagún, que además solían cobrar 100 mil pesos cada uno por conferencias en el extranjero, y Calderón hasta 150 mil.

Esos apoyos, según las distintas iniciativas, incluyen pago de bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas y personal de ayudantía; pago de servicio telefónico local, larga distancia y celular; compra de automóviles para el ex presidente, esposa, hijos y sus respectivos escoltas, e incluso el pago de tenencia, verificación y mantenimiento, así como predial, agua, luz, jardinería...

En el caso de Zedillo, empleado de la Union Pacific, sólo tiene asignada la seguridad y el pago de los servicios en México.

Tan sólo en la actual legislatura, tres grupos parlamentarios han presentado iniciativas para eliminar esos gastos, que consideran un privilegio en contraste con una mayoría de la población pobre y sin derecho a una pensión.

El 3 de septiembre de 2015, como parte de su iniciativa de ley de austeridad republicana, Morena planteó prohibir pensiones vitalicias, distintas a las establecidas en las leyes de seguridad social, a los ex presidentes de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros servidores públicos federales.

Se trata, señaló entonces la diputada Araceli Damián en tribuna, de hacer caso a un reclamo de la sociedad. Es posible y necesario ajustar los salarios de los altos funcionarios: el seguro de separación individualizada, los gastos de representación y las millonarias pensiones de los ex presidentes.

Cinco días después, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, presentó iniciativa de ley de retiro para los ex presidentes, que considera pagarles sólo el equivalente a 25 salarios mínimos cada mes, y en la que señala que el Congreso no ha aprobado una legislación que justifique los beneficios para ellos, sus cónyuges, viudas o hijos.

Beneficios para las viudas

Además, las pensiones se extienden a las viudas: Paloma Cordero, de Miguel de la Madrid, quien recibe 50 mil 829 pesos mensuales, y Alexandra Acimovic Popovic, mejor conocida como Sasha Montenegro, de José López Portillo, se le entregan 40 mil 747 pesos mensuales.

En marzo, los diputados Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución con la finalidad de suprimir la pensión y beneficios a los ex presidentes.

En su propuesta, los legisladores resaltaron que esos beneficios no tienen sustento legal, porque incluso los acuerdos existentes no tienen la firma del titular del Ejecutivo, y los reglamentos en que se pretenden justificar esos privilegios pueden ser considerados inconstitucionales, ya que el artículo 89 de la Constitución –que se refiere a las facultades y obligaciones de los presidentes– no considera apoyos, pensiones o compensaciones a los ex mandatarios.