El gobierno federal y el Senado están por concluir la negociación en torno a la ley nacional de ejecución penal, un nuevo ordenamiento que permitirá reconstruir el sistema penitenciario mexicano, actualmente en crisis.

Convertir los reclusorios en verdaderos centros de readaptación social es el punto central de la legislación propuesta, que el próximo martes discutirán los integrantes de las comisiones dictaminadoras y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de Gobernación y enviados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el encuentro, detalló el presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, se discutirán las condiciones presupuestales para garantizar en el corto plazo una exitosa implementación del nuevo modelo penitenciario.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña, señaló que en ese encuentro se definirá también la transitoriedad de la ley de ejecución penal, ya que debe entrar en vigor al mismo tiempo que el nuevo sistema de justicia oral, en 2018.

Gil Zuarth recalcó que el marco jurídico que construyen busca resolver la problemática de los centros de reclusión del país. Por principio, la saturación en la mayoría de los penales a través de la liberación anticipada de quienes están sentenciados por delitos patrimoniales de bajo impacto –robos o fraudes menores a 500 pesos– y de quienes purgan condenas por delitos contra la salud, por posesión de cantidades de mariguana superiores a las permitidas en la ley.

Que esté en la cárcel quien deba estar en la cárcel; aquellas personas que por la gravedad de su delito las debamos inhabilitar, socialmente hablando, en una situación de reclusión específica, consideró.

Explicó que no se trata de sacar a la calle a delincuentes. La ley nacional de ejecución penal tendrá un transitorio específico para abrir un programa de excarcelaciones bajo ciertas condiciones, de tal manera que no se ponga en riesgo la seguridad pública, pero específicamente se trate de personas sentenciadas que no tengan una incidencia delictiva o que no impliquen la posibilidad de reincidir.

La legislación prevé atención especial para los niños que viven junto con sus madres sentenciadas en prisión. No hay un registro puntual, pero se habla de cerca de 600 menores para los que se definirá hasta qué edad pueden permanecer en los centros de reclusión y se establecerán medidas que aseguren el respeto a sus derechos humanos, comentó la senadora De la Peña.

Hizo notar que en las prisiones de la Ciudad de México, entre ellas en el penal de Santa Martha Acatitla, hay niños de seis años junto con sus madres, situación que debe cambiar. Es necesario que los centros de privación de la libertad aseguren la reinserción social, para dar alternativas de vida a las mujeres recluídas.

En entrevista aparte, resaltó que en los centros penitenciarios no existen áreas específicas para estos niños. Muchas de las veces están prácticamente sin atención médica, sin protección a la salud, sin posibilidad de ser educados. Muchos de ellos incluso presencian el acto de la convivencia conyugal, porque no hay lugares específicos ni momentos para cuidarlos. Es una situación verdaderamente trágica, que se resolverá en la nueva ley.