pesar del creciente sentimiento de incredulidad y consternación por la contaminación del agua potable con plomo en el poblado de Flint, estado de Michigan, una cosa ha quedado clara: que los catastróficos niveles de contaminación y destrucción son consecuencia directa de las radicales políticas aplicadas por los líderes derechistas de Michigan.

Un grupo sumamente conservador ha controlado Michigan desde la elección en 2011 del gobernador Rick Snyder y de una mayoría republicana en la asamblea legislativa. Un aspecto clave de las políticas de éstos ha sido el esfuerzo coordinado para quitar a la gente que vive en las ciudades y comunidades el control de las mismas e imponer medidas de austeridad y de libre mercado a poblaciones formadas principalmente por afroamericanos.

La clave de la estrategia de los conservadores ha sido la ley del gestor de emergencias. Aunque una versión de la misma se aprobó ya en 1988, bajo una administración demócrata, en 2011 los nuevos cargos públicos republicanos aprobaron la ley pública 4, que introdujo medidas más radicales. Prácticamente otorgaba poderes ilimitados a gestores no elegidos por los vecinos, que eran nombrados por el gobernador en momentos de dificultades financieras, mientras ayuntamientos y consejos escolares perdieron todo el poder para tomar decisiones.

Como no estaban sometidos a las limitaciones derivadas de la responsabilidad pública, los gestores de emergencias de varias ciudades procedieron a anular los convenios colectivos y a vender bienes públicos. Detroit se vio obligada a declararse en quiebra en julio de 2013.

En octubre de 2013, en la cercana localidad de Flint, el gobernador Snyder nombró gestor de emergencias a Darnell Earley. Durante los 16 meses siguientes Earley preparó el terreno para que el agua de Flint pasara de ser suministrada por el servicio público municipal de Detroit a bombearla directamente del río Flint, vía fluvial muy contaminada debido a que las fábricas de automóviles y otras industrias pesadas vertieron durante décadas desechos tóxicos a la misma.

El demócrata Earley justificó la decisión como medida para reducir costos. Los médicos de la salud pública ya estaban advirtiendo a las autoridades estatales y federales de que los niveles de plomo en el agua potable extraída del río Flint eran alarmantemente elevados. El plomo es n causante de trastornos de aprendizaje en los niños y los daños a su desarrollo cognitivo son permanentes.

El Departamento de Calidad Medioambiental de Michigan, organismo controlado por el gobernador Snyder, emitió las falsas declaraciones de inocuidad. Sin embargo, el año pasado, incluso General Motors dejó de usar el agua de Flint en su planta de producción de automóviles porque provocaba corrosión. Unos correos electrónicos vergonzosos revelaron que las autoridades estatales tenían conocimiento de la contaminación por plomo, si bien no dudaban en ridiculizar a los padres y funcionarios de los servicios públicos de salud que advertían a la sociedad de sus peligros.

Finalmente, Snyder se vio obligado a admitir que el agua corrosiva del río estaba disolviendo el revestimiento de las antiguas tuberías de plomo de Flint, lo cual provocaba un aumento brusco de la concentración de dicho metal.

Tras haber perdido a Flint como cliente, los habitantes de Detroit pagan ahora precios más elevados por el mismo servicio. Incluso puede que Detroit tenga que vender su sistema público de agua (uno de sus principales activos) a inversores privados.

Hace un año, por decreto del gestor de emergencias de Detroit, Kevyn Orr, el servicio de agua empezó a suspender el suministro a los vecinos de zonas pobres que se retrasaban en el pago de sus facturas. Sólo protestas a escala mundial consiguieron paralizar dicha medida.

En enero de 2015, después de abandonar Flint, Earley fue nombrado por Snyder gestor de emergencias del sistema de escuelas públicas, Detroit Public Schools (DPS), cuarto gestor en los últimos siete años.

El principal objetivo de los cuatro gestores ha sido la privatización de las escuelas de Detroit. A finales del curso académico 2009-2010, 36 por ciento de estudiantes (50.139 jóvenes) ya asistían a escuelas privadas concertadas. El Plan de Eliminación del Déficit (diseñado entre los gestores y el estado de Michigan) exigía al ayuntamiento que cerrara otras 70 escuelas en dos años y que aumentara el tamaño de las clases a 60 estudiantes en el nivel secundaria.

En un reciente artículo, Pamela Pugh, tesorera (elegida por los vecinos) de la Junta de Educación del estado de Michigan, declaró: Tras más de seis años de fracasos por el estado, el sistema DPS se ha deteriorado, convirtiéndose en un sistema educativo desestabilizado, empañado por el empeoramiento de los resultados académicos y un aumento del déficit de más de 3.5 mil millones de dólares. Al igual que la crisis del agua en Flint, el hundimiento del distrito escolar de Detroit se ha dado durante el periodo de gestión de emergencias.

El mes pasado, el sindicato de maestros, Detroit Federation of Teachers, finalmente interpuso una demanda para obligar a Earley a dimitir y para que las escuelas volvieran a estar bajo el control de una junta escolar elegida por la población. Pedir a un niño que estudie o a un profesor que enseñe en aulas donde les sale vaho por la boca debido al frío, en salas infestadas de bichos, con tejas cayendo del techo y cubos para las goteras o en edificios que les enferman literalmente, es más de lo que se puede tolerar legal o constitucionalmente, argumenta la demanda.

* Periodista estadunidense