Estados
Ver día anteriorMartes 2 de febrero de 2016Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Pugnas entre narcos hicieron huir a más de 30 mil habitantes desde 2012

Exiliados de Sinaloa, entre la indolencia oficial y el miedo

No tienen categoría de víctimas de la violencia, por lo que la Federación no les brinda apoyo

Luchar es lo único que nos queda, dice activista afectada

Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 2 de febrero de 2016, p. 22

Culiacán, Sin.

De esperanza parece sólo tener el nombre. Así se llama, Esperanza, y lo que más se le dificulta ahora es eso: esperar.

Durante cuatro años ha padecido una cadena de destierros, amenazas de muerte, ausencias y necesidades, en una condición en la que parece no haber nada, mucho menos justicia.

Es una de las 30 mil personas desplazadas en años recientes en la entidad y sus sentimientos son múltiples y algunas veces encontrados, ante la falta de respuesta de los gobiernos estatal y federal.

Tiene cuatro años viviendo en una casa rentada –a muchos kilómetros de su tierra–, donde ahora soporta de todo: intimidaciones, ofensas, desesperanza, desolación, desilusión, tristeza, infamia tras infamia.

Esperanza Hernández Lugo tiene 58 años y su vivienda está ocupada por personas ajenas a su familia, en la comunidad de Ocurahui, municipio de Sinaloa. Ahora renta una casa en Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado, en mil 500 pesos al mes.

Desalojo solapado

Este enero se cumplieron 48 meses del desalojo violento, solapado por elementos del Ejército Mexicano y de corporaciones policiacas del estado y municipio, que la apartaron de su terruño.

Mil 440 días despavoridos, de exilio en exilio, gritando y exigiendo justicia en Culiacán lo mismo que en Guamúchil, Mazatlán, Ciudad de México y Washington. Y nada. Los desplazados ni siquiera tienen la categoría de víctimas de la violencia por el gobierno, lo que –a juicio de las autoridades federales– impide otorgarles apoyo.

Las pugnas entre grupos criminales de los Beltrán Leyva y del cártel de Sinaloa los hicieron huir de sus comunidades en medio de asesinatos, amenazas de muerte y desapariciones.

Suman 40 poblaciones, entre ellas Ocurahui, San José de los Hornos y Sierrita de los Germán, donde los habitantes tuvieron que huir, muchos a pie, de noche, entre cerros y montes, para salvar sus vidas.

Son alrededor de 600 familias desplazadas de esta región y, según testimonios de los sobrevivientes, al menos 54 personas fueron asesinadas a balazos de 2012 a la fecha.

Esperanza, sus familiares y otros desplazados integraron en diciembre pasado la asociación civil Caminos de Esperanza para los Desplazados, que ya cuenta con registro oficial.

Unas 115 familias de desplazados permanecen en Guamúchil, a unas cuatro horas de camino en automóvil de su tierra, la casa grande y los árboles prehispánicos. Algunos viven en casas de parientes, pagando renta y hacinados: hasta tres familias en un pequeño inmueble de dos recámaras.

De acuerdo con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, existen reportes de entre 25 mil y 30 mil personas desplazadas en la entidad en los años recientes.

Foto
Me siento ofendida por el gobierno, desilusionada y sola. Pero voy a seguir en la lucha, porque lo único que quiero es regresar, dice Esperanza, de 58 años, desplazada de la comunidad de Ocurahui, municipio de SinaloaFoto Javier Valdez

El caso más reciente fue el de Cosalá, donde permanecen unas 700 personas que huyeron de los operativos de la Marina en poblaciones del municipio serrano de Tamazula, Durango.

Llegan familias de desplazados, de otros municipios, y me dicen que si yo soy quien está apoyando a los desplazados. Lo único que les digo es que cuentan conmigo, que hay que luchar, porque del gobierno no hemos obtenido nada, así que es poco lo que yo les puedo dar que no sea eso: luchar, manifestó Esperanza.

Amenazas de muerte

Recordó que el 7 de marzo de 2015 la amenazaron de muerte en el celular de su hija, al que llegó un mensaje de texto de remitente desconocido: dile a tu madre que si no se va, la vamos a matar.

Por lo anterior fue protegida por la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y se tuvo que ir a residir a la Ciudad de México, donde permaneció cinco meses y medio (de marzo a mayo), en casa rentada por el gobierno capitalino.

Ese mismo mes viajó a Washington, donde recorrió edificios y oficinas para denunciar lo que pasa en Sinaloa y en México, los desplazamientos, desapariciones, homicidios e injusticias.

Lo hizo ante la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también ante la Unión Europea y el Departamento de Estado, de Estados Unidos.

Esperanza se sintió escuchada, nutrida de luces y ánimos y amaneceres. Lo que no encontró en México, frente a diputados, senadores, Procuraduría General de la República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, retornó a Guamúchil, cansada del encierro y de las medidas cautelares, añorando a sus hijos y nietos, y queriendo reactivar su lucha. Luego fue sacada de Guamúchil, también por razones de seguridad, y trasladada a Mazatlán, donde vivió solo unos meses.

Hasta hace unos días, una patrulla de la policía ministerial la resguardaba. No volvió más, aunque Esperanza sabe que es inútil: la amenaza está vigente y ella poco puede moverse, y sabe que no hay condiciones para regresar a Ocurahui, a menos que acepte trabajar para los narcos.

No obstante, se ve entera y atrincherada: agarrando fuerza para volver a pelear. Estoy ofendida. Así me siento, ofendida por el gobierno. Pero también desilusionada y sola. Pero voy a seguir en la lucha, porque lo único que quiero es eso: regresar.