l viernes pasado, en el barrio marginal bonaerense de Bajo Flores, decenas de menores fueron atacados con balas de goma por efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional cuando ensayaban una presentación callejera con una murga (banda de música de comparsa) local. La versión oficial asegura que los uniformados fueron agredidos a balazos cuando se internaron en un sector de ese barrio conocido como Villa 1-11-14 en busca de dos automóviles robados, con saldo de dos policías heridos. Por su parte, los testimonios de los habitantes coinciden en señalar que al toparse con los niños y jóvenes que cantaban y bailaban en la calle, los efectivos policiales atropellaron a dos menores y posteriormente dispararon a granel sus armas antidisturbios. Los pobladores documentaron en foto y video las lesiones sufridas por algunas de las víctimas, tanto niños como adultos.
Con el telón de fondo de los despidos masivos y la ofensiva antipopular emprendida por el gobierno que encabeza Mauricio Macri en Argentina, el atropello policial de Bajo Flores constituye un signo característico del autoritarismo y el clasismo de la nueva administración. Como señalaron diversos activistas después de la agresión, ésta no parece haber obedecido a otra motivación que criminalizar la pobreza y la vida social callejera en los barrios populares.
Resulta significativo, por otra parte, que los medios tradicionales del país sudamericano –la gran mayoría de ellos en manos de simpatizantes con el gobierno derechista de Macri y que promovieron activamente su candidatura presidencial– se hayan abstenido, hasta ayer, de dar cuenta de la gratuita brutalidad de la fuerza pública en contra de personas inocentes que participaban en los preparativos de un festejo popular.
Más allá de lo que el episodio deja ver sobre la verdadera orientación del gobierno que se inició el 10 de diciembre del año pasado en Argentina, resulta alarmante constatar la creciente tendencia a la brutalidad incontrolada de las corporaciones policiales como un fenómeno que se expresa de diversas maneras en diferentes países.
Uno de los escenarios más preocupantes es, sin duda, el de Estados Unidos, donde en promedio más de dos personas –muchas de ellas desarmadas y palmariamente inofensivas– son asesinadas al día por policías. Al otro lado del Atlántico, sea en Madrid o en Estambul, se registran regularmente escenas de extralimitaciones policiales en contra de manifestantes. Y en México la barbarie policial no sólo pasa por la criminalización de las luchas sociales y por la fabricación de pruebas y de culpables, sino por un fenómeno mucho más grave: la infiltración de organizaciones delictivas en corporaciones de la fuerza pública, lo que se traduce en devastadoras violaciones a los derechos humanos.
Aunque son múltiples los factores que inciden en ese recrudecimiento mundial de los excesos policiales, hay uno común a todos los casos: la falta de voluntad política de las autoridades para investigarlos y sancionarlos, con la consiguiente impunidad de mandos y efectivos que, teniendo la responsabilidad de preservar y hacer cumplir la legalidad vigente, emplean sus atribuciones para agredir a la ciudadanía.
