Agrupaciones ambientalistas, con el respaldo de 30 mil firmas de ciudadanos, pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revoque la autorización de impacto ambiental presentada por la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que permite la extracción de dos millones de metros cúbicos de roca basáltica de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas para ampliar el puerto de Veracruz.

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Resistencia Organizada por la Conservación Ambiental (La Roca) y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental asentaron que la explotación de una mina basáltica en el ejido Balzapote, en Los Tuxtlas, viola el programa de manejo de la reserva.

Los cerros de la región son un muro de contención contra huracanes y tormentas tropicales, un rompeolas natural, refugio de millones de especies vegetales y animales y hogar de diversas comunidades. La explotación dañará irreversiblemente una de las últimas selvas húmedas del país, advirtieron.

En conferencia de prensa, Xavier Martínez, director regional de la oficina del Golfo de México del Cemda, refirió que también se han emprendido acciones contra la ampliación del puerto por los graves daños que causará al arrecife de coral del Golfo de México, que alberga gran variedad de flora y fauna y funciona como barrera contra olas y tormentas. En 2010, apuntó, protegió a la ciudad de Veracruz del huracán Karl.

Especificó que en 1992 el arrecife fue declarado área natural protegida y en 2004 se registró como humedal de importancia internacional de acuerdo con las características estipuladas en la convención Ramsar, por lo que la autorización para ampliar el puerto contraviene normas nacionales e internacionales de protección.

Martínez apuntó que la Apiver, promotora de la ampliación del puerto, señaló en su manifestación de impacto ambiental: Nunca se hará afectación directa a especies bajo protección; sin embargo no presentó medidas de protección para las tortugas marinas, en particular para la especie carey, que tiene rutas migratorias a lo largo del Golfo de México y está catalogada como especie amenazada, según la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas.

Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, dijo que con los permisos otorgados el gobierno incumple sus propias normas y su responsabilidad de acatar la Convención de Diversidad Biológica.