Las empresas Uber y Cabify operan en el Distrito Federal de manera ilegal desde hace 21 meses, con la protección de las autoridades capitalinas, denunció Daniel Medina, vocero de la agrupación Taxistas Organizados de la Ciudad de México, que aglutina a 20 mil concesionarios.

El representante gremial precisó que no se ha realizado ningún operativo para remitir las unidades de esas empresas a los depósitos vehiculares, aun cuando violan los artículos 254, 258 y 260 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, ni se les ha aplicado ninguna pena privativa de la libertad o multa.

De acuerdo con la nueva legislación, dijo, no contar con concesión o permiso para proporcionar el servicio de transporte, carecer de placas y licencia-tarjetón, no acreditar la revista vehicular, no portar póliza de seguro, no traer la cromática oficial y alterar las tarifas vigentes son motivo de remisión.

En los hechos, agregó, no se aplica, pues el consejero presidente del Instituto de Verificación Administrativa (Invea-DF), Meyer Klip, dio la instrucción de que no se les moleste, con el “argumento de que no sabemos quiénes son y dónde operan, lo cual no sucede con los taxis regulares, que somos cazados por las autoridades”.

La pena privativa de libertad de tres meses a dos años por el delito de transportación ilegal de pasajeros y multas de 33 mil 648 a 35 mil 50 pesos, equivalentes a 480 y 500 días de salario mínimo vigente, están lejísimos de imponerse, porque a todas luces el gobierno quiere meterlas al mercado, afirmó.

En entrevista, argumentó que prueba de ello es que cuenta con los elementos jurídicos para sancionar con cárcel de tres a seis años y aplicar una multa de 700 a mil días de salario mínimo, equivalentes a 49 mil 70 y 70 mil 100 pesos, a quien patrocine la prestación del servicio sin concesión, como sucede con esas empresas, y tampoco lo hace, y convoca ahora a un debate para regularlas.

Sus aplicaciones son utilizadas por algunos grupos de taxistas, como Génesis, desde hace 18 meses, sin que repercuta en una tarifa mayor a la oficial y con unidades legales, por lo cual no vamos a permitir que nos den albazo con cambios en la legislación para perjudicarnos, cuando ofrecimos esta plataforma al secretario de Movilidad, Rufino H. León, y la rechazó.

Competencia desleal

Hoy, comentó, existen dos averiguaciones previas contra el funcionario, una por omisión y la otra por prestación ilegal del servicio, que significa una competencia desleal para el sector.

Señaló que analizarán si vamos también por la vía mercantil y laboral, pues en los hechos no existen, no cumplen con sus obligaciones fiscales y tampoco con la relación empresa-trabajador con sus operadores.

Uber fue desenchufado de la plataforma en España, por competencia desleal; mientras, otra empresa denomina Elite enfrenta una demanda laboral, lo cual demuestra que sí hay condiciones para luchar contra ellas y evitar el desplazamiento de 140 mil taxistas y la afectación a 500 mil familias, indicó.

Medina mencionó que el tema no es quién da un buen servicio, sino quién lo hace de manera ilegal, y si existe voluntad del gobierno, se actuará contra esas empresas, los llamados ejecutivos y los piratas, que cuentan con cromática y son alrededor de 30 mil, o nos defenderemos por la vía de los hechos.