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Declara emergencia nacional y anuncia un ejercicio militar defensivo en todo el país

Maduro pide poderes especiales para defender la paz venezolana

Apoyo incondicional a todos los funcionarios sancionados por EU: ministro de Defensa

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Nadie puede creer que Venezuela sea una amenaza contra Estados Unidos, somos un pueblo noble de paz, sostuvo ayer el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, adonde acudió a pedir una ley habilitante que le otorgue poderes especiales para gobernar por decreto. La imagen, ayer en CaracasFoto Reuters
 
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de marzo de 2015, p. 22

Caracas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó este martes a la Asamblea Nacional una ley habilitante que le otorgue poderes especiales para legislar por decreto, a fin de estar en condiciones de defender la patria, la paz, la democracia y la soberanía de los venezolanos, ante las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra funcionarios de su gobierno.

Esta solicitud hecha hoy ante el Parlamento surgió como una necesidad de tener poderes constitucionales que me permitan moverme en el complejo escenario que se ha abierto para Venezuela, dijo el jefe de Estado. Por ello, declaró emergencia nacional y anunció un ejercicio defensivo militar en todos los estados para el sábado 14, frente a eventuales agresiones imperialistas.

El presidente estadunidense, Barack Obama, declaró a Venezuela amenaza extraordinaria e inusual contra la seguridad y la política exterior de su país, y ordenó, vía decreto, sanciones contra siete funcionarios venezolanos por supuestas violaciones a los derechos humanos y presuntos actos de corrupción.

Nadie puede creer que Venezuela sea una amenaza contra Estados Unidos, y no lo pueden creer porque es mentira. Venezuela no es y no será jamás una amenaza para ningún país del mundo, porque somos un pueblo noble de paz, aseveró Maduro en medio de la ovación de la bancada chavista, que es mayoritaria.

Dijo haber hablado con mandatarios de América Latina que le expresaron su apoyo, pero también incredulidad e indignación por las medidas de Obama. Explicó que el objetivo de esta nueva ley habilitante es defender la integridad y la paz de la patria. La anterior ley de este tipo fue solicitada por el mandatario el 8 de octubre de 2013, para enfrentar la guerra económica.

Los diputados oficialistas deben sostener al menos dos discusiones del proyecto antes de convertirlo en ley. Legisladores opositores dijeron que en realidad Maduro quiere asegurarse el poder para legislar ante un posible revés para su partido en las elecciones parlamentarias de este año, luego de que el mandatario afirmó que la vía electoral se mantendrá pase lo que pase.

Estados Unidos negó que promueva la inestabilidad en Venezuela y sostuvo que las sanciones anunciadas por Obama se proponen persuadir a Caracas de que cambie su comportamiento, de acuerdo con la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki. Alegó que las medidas sólo afectan a personas implicadas en casos de corrupción y violación de derechos humanos, sin afectar la economía del país.

Explicó que la declaración de emergencia nacional en el decreto de Obama obedece a una denominación requerida por la burocracia como fórmula para aplicar sanciones.

Otro funcionario, no identificado, también justificó que la declaración de amenaza extraordinaria es un simple formalismo que exigen las leyes para luego imponer sanciones, y negó rotundamente que constituya un preparativo para que Estados Unidos actúe militarmente contra Venezuela. Estados Unidos, añadió, no llamará a consultas al diplomático a cargo de su embajada en Venezuela.

En este contexto, el presidente venezolano designó como ministro del Interior al general Gustavo González López, uno de los funcionarios sancionados por Obama.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, rechazó las acciones injerencistas de Estados Unidos y las consideró oprobiosas a la dignidad del pueblo y su gobierno democrático. Expresó el apoyo incondicional de las fuerzas armadas a los funcionarios sancionados.

En otro frente, Venezuela rechazó las acusaciones del relator de la Organización de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, que incriminó al gobierno de Maduro por violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones de protesta de febrero de 2014.

En otro orden, se informó que Venezuela negocia el canje de parte de sus reservas internacionales en oro por cerca de mil 500 millones de dólares.