Mexicali, BC.

El comandante de la Segunda Región Militar, general Alfonso Duarte Múgica, encabezaba personalmente allanamientos, cateos, detenciones arbitrarias, tortura y siembra de pruebas contra personas detenidas por un comando de encapuchados pertenecientes a la inteligencia militar, afirmó la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) sobre los abusos cometidos por la fuerza pública en Baja California.

En un informe dirigido en abril de 2014 al relator sobre tortura de la Organización de Naciones Unidas, dado a conocer este martes, la CCDH sostuvo que en estas acciones está implicado un comando del Grupo de Inteligencia Militar de Baja California, Baja California Sur y Sonora, con la participación directa de Duarte Múgica, según le confió un alto mando militar, bajo la condición del anonimato.

Duarte Múgica llegó a Tijuana en junio de 2008, tras ser nombrado comandante de la Segunda Zona Militar. En noviembre de 2011 sustituyó en la Segunda Región Militar al general Sergio Aponte Polito, quien acusó al gobierno de Baja California de estar infiltrado por el crimen organizado, y en febrero de 2012 lo ascendieron a general de división.

El entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán lo designó al frente del mando único policial en Baja California, sin que esta figura se encontrara en la ley.

El documento de la CCDH señala que la primera etapa de la tortura se comete en centros penitenciarios, separos policiacos y casas de seguridad utilizadas por policías investigadoras y la delincuencia organizada.

En la segunda, 2009 a 2012, sostiene, participaban directamente elementos del Ejército Mexicano vestidos de civil o con ropa negra y encapuchados, quienes allanaban propiedades sin orden judicial, capturaban a jóvenes, les sembraban drogas y armas y los obligaban a inculparse o a señalar a supuestos traficantes. Las operaciones se iniciaban por llamadas anónimas y concluían en Agencias del Ministerio Público de la Federación.

Rastro de denuncias

De 2009 a 2011 la mayoría de las quejas contra militares por tortura se registraron en Tijuana. De finales de 2011 a 2012, se concentraron en Mexicali, lo que coincidió con el nombramiento de Duarte Múgica como comandante de la Segunda Región Militar, expone el informe.

La tercera etapa señala a la policía estatal preventiva, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Daniel de la Rosa Anaya desde la administración de Guadalupe Osuna Millán (2007-2013) y que sigue con el actual gobernador, Francisco Vega de Lamadrid.

Las quejas en contra del ejército y la policía preventica de Baja California se refieren a violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la seguridad jurídica, a la integridad personal y al derecho de audiencia, además de allanamiento, cateos ilegales, robos, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como secuestro, extorsión, siembra de evidencias, desaparición de personas e incluso homicidios.