La Paz. El Ministerio Público escuchará hoy nuevos testimonios como parte de las investigaciones sobre una red de corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), caso que ya produjo el arresto de seis personas. La fiscalía citó al concejal Saúl Ávalos y a otros tres individuos mencionados durante una audiencia judicial la semana pasada. Pero el departamento legal de la petrolera no descarta que las pesquisas lleguen a altos funcionarios de su unidad de comunicación, área en la que explotó el escándalo. El pasado día 10, YPFB denunció el caso y la policía arrestó a dos empleados y cuatro sujetos relacionados con ellos por beneficiarse de contratos adjudicados ilegalmente a cinco empresas que brindaron servicios de catering y publicidad sin tener experiencia ni presentarse a licitación pública como dictan las leyes. Se calcula que los implicados causaron un daño económico al país de más de 3 millones de bolivianos (432 mil 540 dólares) con sus acciones. Según el fiscal Leopoldo Ramos, los delitos que cometieron esas personas son asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y cohecho. A raíz del escándalo, YPFB determinó abrir una gerencia que negociará y firmará contratos sobre prestaciones de servicios para evitar nuevos incidentes de corrupción en la empresa.

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