Chilpancingo, Gro.

Miles de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), alumnos de la normal rural de Ayotzinapa y padres de los 42 estudiantes desaparecidos, entre otras organizaciones, bloquearon durante más de cuatro horas los dos sentidos de la Autopista del Sol México-Acapulco.

La manifestación fue para exigir justicia para Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, asesinados el 12 de diciembre de hace tres años durante un desalojo efectuado en esa vía por las policías federal y estatal; asimismo, para demandar la presentación con vida de los noramlistas desaparecidos el 26 de septiembre pasado por la policía de Iguala.

Los contingentes partieron a las 11:50 horas del centro de la ciudad, de la glorieta Unidos por Guerrero marcharon hasta el parador del Marqués, ocuparon los carriles de la autopista de norte a sur y al llegar a donde ocurrieron los dos asesinatos de 2011 cerraron los cuatro carriles de la autopista hasta las 17:30 horas.

Varios lanzaron piedras contra las oficinas de la Unidad de Servicios Periciales de la procuraduría estatal y apedrearon cuatro patrullas de la Gendarmería Nacional. La Secretaría de Gobernación había advertido que desalojaría a quien bloqueara esa vía, lo cual no ocurrió.

Al final del mitin, el padre de uno de los estudiantes desaparecidos prendió fuego a tres monigotes que representaban al presidente Enrique Peña Nieto, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, mientras dos maestros interpretaron canciones dedicadas a los jóvenes ausentes y a los fallecidos.

David García, dirigente estudiantil de Ayotzinapa, responsabilizó a Aguirre Rivero del asesinato de sus compañeros en 2011, de la desaparición de los otros 42 y de la muerte de cuatro más el 26 de septiembre pasado en Iguala; lo queremos ver tras las rejas junto con Alberto López Rosas (procurador en 2011).

Frente a las dos cruces de madera con los nombres de Gabriel y Alexis, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, advirtió: no vamos a permitir que se cierre (la escuela de Ayotzinapa), si es posible la vamos a defender con sangre. Vamos a luchar por meter a los asesinos a la cárcel.

Anunció que denunciarán ante instancias internacionales por crímenes de lesa humanidad al presidente Peña Nieto, al ex gobernador Aguirre Rivero y al ex procurador López Rosas.

Este gobierno que se ha dedicado a matar estudiantes tiene que caer porque tiene vínculos con el narcotráfico: exigimos la desaparición de poderes en Guerrero; la suspensión del proceso electoral y que se refuerce la investigación de los expertos de la UNAM, porque demostraron que es imposible incinerar tantos cuerpos, como sostiene la Procuraduría General de la República (PGR), para nosotros nuestros hijos están vivos y los vamos a buscar vivos, sostuvo De la Cruz.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recordó que prácticamente todas las masacres ocurridas en los años recientes en Guerrero quedaron en la impunidad.

El defensor pidió que se investigue al Ejército Mexicano y acusó a las corporaciones policíacas de estar coludidas con el narcotráfico. ¿Con esta clase política en Guerrero quieren que haya elecciones?, cuestionó.

Por otra parte, en gira de trabajo por Cancún, Quintana Roo, normalistas de Ayotzinapa –Víctor González, Juan José Vázquez y José Adolfo Cruz Velázquez– acusaron a las autoridades de no tener un plan de búsqueda para sus 42 compañeros desaparecidos y recordaron cuando en los años 70 buscaban al guerrillero Lucio Cabañas, entonces se utilizaron modernos equipos de localización por toda la sierra hasta que lo encontraron y le dieron muerte.

A más de 40 años de distancia, esos equipos son más sofisticados y no encuentran nada, pero la realidad es que no los están buscando, sólo se paran a la puerta de una cueva, la primera que ven, y se toman fotos, o van a cualquier punto que se encuentran y siguen tomando fotos.

Ante esto, la comunidad inició su propia búsqueda, pero les han impedido entrar a las instalaciones del Ejército y a la mina canadiense de la zona, donde sospechas que podrían tener a sus compañeros.

(Con información de Patricia Vázquez, corresponsal)