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En el país existen 3,500 de estas intermediarias financieras

Normas más estrictas reducirán el número de Sofomes: CNBV

Centros cambiarios y transmisores de dinero ya deben cumplir con esta obligación, pero 3 de cada 10 no tienen dictamen técnico todavía

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Periódico La Jornada
Viernes 17 de octubre de 2014, p. 32

Acapulco, Gro.,16 de octubre.

La entrada en vigor de normas más estrictas para prevenir el lavado de dinero en intermediarios financieros no bancarios reducirá el número de empresas que prestan estos servicios, aseguraron este jueves autoridades reguladoras y dirigentes del sector. Los controles mínimos para combatir el ingreso de recursos de origen ilegal, que ya son obligatorios para centros cambiarios y transmisores de dinero, serán también obligatorios para las llamadas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), anticipó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las Sofomes, que prestan servicios de crédito pero no captan recursos del público, tendrán un plazo que vence en julio próximo para obtener un dictamen de la autoridad reguladora en el sentido de que cuentan con los controles mínimos para prevenir lavado de dinero, requisito que ya es obligatorio para centros cambiarios y transmisores de dinero, expuso Iván Alemán, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la CNBV..

El 8 de septiembre venció el plazo para que centros cambiarios y transmisores de dinero reciban de la CNBV el dictamen de que cuentan con las medidas mínimas de prevención de lavado de dinero. Sin ese documento no pueden obtener la renovación de su registro. La misma norma aplicará para las Sofomes, de las que existen unas 3 mil 500 en todo el país.

La nueva regulación que obliga a los intermediarios financieros a ser más transparentes en la información que ofrecen al público provocará una reducción en el número de empresas participantes en este sector, apuntó Lamberto Corral Velderrain, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom), organización que realiza en este puerto su octava convención nacional.

Desde comienzos de año, con la reforma financiera, la nueva regulación en la materia provocará que disminuya el número de intermediarios. Quienes continúen en el camino será porque están funcionando bajo estrictos estándares de calidad, dijo el presidente de la Asofom.

En el caso de la Asofom, aseguró Corral Velderrain, 94 de cada 100 agremiados cumplen con todas las regulaciones de las autoridades.

A partir de que los centros cambiarios y transmisores de dinero deben obtener de la CNBV un dictamen de que tienen incorporados en sus procesos normas mínimas de prevención de lavado de dinero como requisito para renovar su registro, se redujo el número de intermediarios, apuntó Iván Alemán. Según datos de la CNBV, tres de cada diez centros cambiarios no había obtenido el dictamen técnico hasta el mes pasado. En el país operan mil 620 intermediarios de este tipo.

Creemos que va a suceder un fenómeno parecido con las Sofomes, una vez que sea necesario que obtengan un dictamen de que tienen normas mínimas para prevenir lavado de dinero si quieren renovar su registro ante la CNBV, dijo Alemán. Se estima que va a haber menos participantes en el mercado, pero por lo mismo habrá para las Sofomes sólidas más oportunidades de negocio, a partir de que es obligatorio renovar su registro. La CNBV va a revisar que todos cuenten con sus controles mínimos y entonces vamos a tener certeza de que todos estarán operando con esos controles mínimos. El éxito en la prevención del lavado de dinero depende de la eficacia en la aplicación de los controles, dijo.

La aplicación de controles a todos los intermediarios que operan en el país pretende preservar el equilibrio entre evitar la entrada al sistema de recursos de procedencia ilícita y aumentar el número de usuarios de servicios financieros y el negocio de las entidades, apuntó Iván Alemán.

La intención de grupos criminales de introducir a los sistemas financieros recursos de origen ilegal es un fenómeno de carácter internacional. En ese contexto la política de regulación en México trata de generar un adecuado equilibrio entre inclusión financiera, acceso a servicios, la capacidad de que los intermediarios hagan negocio y contar con los procedimientos para evitar que las instituciones sean usadas como vehículo para movilizar recursos de procedencia ilícita, añadió.