Después de ser ratificado como titular de la contraloría general del Instituto Nacional Electoral (INE) en sesión extraordinaria, Gregorio Guerrero Pozas recibió severas críticas del consejero electoral Benito Nacif, quien le cuestionó la calidad de las resoluciones que emite el órgano a su cargo, la afectación que provoca a los derechos de los servidores públicos y que utilizara los recursos para incrementar sustancialmente la plantilla laboral.

El contralor señaló ayer mismo, al término de la reunión, que es mentira que haya duplicado el presupuesto; aseguró que fue un deseo expreso del Poder Legislativo para constituirlo en órgano autónomo fuerte que presupuestalmente no estuviera limitado o sometido para fiscalizar los recursos del instituto, y que eso se dio varios meses antes de su designación, en 2008, cuando el INE era Instituto Federal Electoral (IFE).

También mencionó que la contraloría general no determina discrecionalmente su estructura orgánica, debe someterla a la aprobación del Consejo General de manera unánime y por consecuencia con el voto a favor del consejero Nacif, que aprobó cada una de las plazas con las que opera actualmente.

Guerrero Pozas subrayó que ni en público ni en privado, a lo largo de los recientes seis años, el consejero expresó una sola de estas imprecisas preocupaciones, y aseguró que ignora el daño patrimonial que supuestamente provocaron las resoluciones del órgano contralor. Expresó a Nacif su disposición de hacerle las aclaraciones pertinentes.

Lo anterior ocurrió luego de que el consejero electoral, en la sesión del INE, dijo que en 2013 cinco de las resoluciones de la contraloría fueron revocadas en revisión por tribunales administrativos y el acatamiento de los laudos implicó costos por 5.8 millones de pesos para el IFE, que quedó obligado a pagar reinstalaciones, restituciones y otro tipo de obligaciones.

También mencionó que el año pasado el órgano fue sancionado por desacato a la sentencia de una autoridad jurisdiccional.

Nacif sostuvo que más que el daño patrimonial causado por las deficiencias jurídicas, preocupa la afectación a los derechos de los servidores públicos que laboran en el INE, por lo cual apeló a que la contraloría general garantice el debido proceso. Propuso adecuar los procedimientos a los estándares que ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos.