La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió una acción de inconstitucionalidad, presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), que impugna la Ley de Libre Convivencia del estado de Jalisco, en razón de que ésta no permite a quienes vivan bajo este régimen adoptar menores de edad o incapaces, como tampoco pueden tomar la custodia de menores que no sean hijos de alguna de las partes. El asunto fue turnado a la ministra Olga Sánchez Cordero, quien admitió la demanda en la que la PGR demanda la nulidad de los artículos 18 y 22 por considerar que son discriminatorios.

Chilpancingo, Gro., El alcalde de Ajuchitlán del Progreso, J. Carmen Higuera Fuentes, demandó a los gobiernos federal y estatal acelerar los apoyos para la edificación, en unas 12 comunidades, de mil viviendas que resultaron destruidas y la reconstrucción de 3 mil dañadas parcialmente por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre pasado.

La sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el miércoles, por la cual la Comisión Nacional del Agua (Conagua) concederá el derecho de audiencia posterior a los representantes de dos grupos yaquis sobre las concesiones de uso y aprovechamiento del agua del río Yaqui, ubicado al sur de Sonora, es favorable para la etnia, consideraron Tomás Rojo y Mario Luna, vocero tribal y secretario tradicional del poblado Vícam, respectivamente. Los dirigentes tradicionales indígenas advirtieron que, no obstante, el bloqueo que mantienen en la carretera Nogales-México continuará, ahora durante 14 horas diarias, hasta que se pare el robo de agua con el acueducto Independencia. Coincidieron también en que la sentencia de la SCJN determinó la ilegalidad de las concesiones vencidas de agua que compró el organismo estatal Sonora Sí, y le da más elementos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para cancelar las obras y la operación del acueducto Independencia. Tomás Rojo señaló que este fallo no resolvió el fondo de la demanda, pues según ellos la Corte debió haber ordenado que se parara la extracción de agua, porque los títulos de asignación del agua son caducos e ilegales.