Saltillo, Coah., 2 de octubre.

Las comisiones legislativas de salud, gobernación, puntos constitucionales y justicia reformaron la Ley Estatal de Salud, a propuesta del Ejecutivo, para obligar a las escuelas a ofrecer condones a sus alumnos, y a los propietarios de bares, cantinas y discotecas a instalar máquinas expendedoras de ese producto.

La intención es promover la salud sexual de la juventud y que todo coahuilense que libremente decida ejercer su sexualidad cuente al menos con lo básico para la prevención de enfermedades, dice la exposición de motivos de la iniciativa, presentada en mayo y que podría ser votada en el pleno del Congreso local la próxima semana.

La reforma a la Ley Estatal de Salud busca que los preservativos se distribuyan en planteles de secundaria, bachillerato y educación superior para evitar embarazos no deseados, pues se trata de un problema de salud pública, expuso el gobernador Rubén Moreira Valdez.

En entrevista colectiva, el mandatario priísta refirió que en el municipio de Acuña, en el norte de Coahuila, mil 200 de cada 3 mil bebés (40 por ciento) son procreados por adolescentes.

Estamos ante una emergencia que en muchas ocasiones obliga a las madres a truncar sus estudios. Otro problema es que no van al médico para ocultar su embarazo durante al menos cinco o seis meses y ello pone en peligro su vida, planteó.

Por su parte, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, anticipó que las escuelas católicas no repartirán preservativos. Si me lo vienen a pedir, les voy a decir: lo sentimos mucho, pero tenemos libertad de conciencia, dijo el clérigo al periódico local Vanguardia.

El diputado local panista Edmundo Gómez Garza recordó que la asociación civil Axios Valores, integrada por empresarios, rechaza que se obligue a las escuelas a facilitar condones a sus alumnos.

Moreira Valdez pidió dejar de lado moralismos y entender que se requiere una estrategia amplia para evitar embarazos anticipados y muerte de mujeres en el parto, pues las campañas de prevención han sido un fracaso.

Es un problema de salud pública, no de moral ni de religión, y todos debemos enfrentarlo con responsabilidad. Todos hemos hecho un esfuerzo por tratar de transmitir valores y hemos fallado. Hay que ver los números. Somos un gobierno laico que debe plantear este tipo de medidas para evitar que mueran más mujeres y jovencitas.